el Reglamento de Disciplina Militar. El peticionario alega que durante el proceso se le impidió contestar razonadamente y contar con la asistencia de un abogado. 7. El peticionario sostiene que durante el confinamiento se le mantuvo “bajo condiciones precarias”, sin alimentos, sin la posibilidad de asearse y con interrupciones en el sueño. Asimismo, señala que desde la denuncia él y su familia padecieron diversas formas de hostigamiento, presión y amenazas: desde llamadas telefónicas amenazantes recibidas en su domicilio hasta actos de hostigamiento en la vía pública. Aduce que sufrió—en dos ocasiones—sanciones de arresto adicionales. Esta situación, sumada a represalias laborales informales y a su remoción del cargo que ejercía en Londres lo llevó a solicitar, y obtener, el asilo político del Reino Unido. Desde entonces, el peticionario alega que su carrera militar se vio truncada y su vida familiar afectada. 8. A raíz de lo anterior, el peticionario alega la violación del derecho a la integridad personal (artículo 5), libertad personal (artículo 7), libertad de expresión (artículo 13), circulación y residencia (artículo 22.1), garantías judiciales (artículo 8) y protección judicial (artículo 25). Respecto del derecho contenido en el artículo 5, el peticionario alega que las distintas privaciones de libertad “en condiciones de aislamiento solitario, incomunicació n prolongada, condiciones anti higié nicas de las celdas, limitación en el aseo e higiene personal, carencia de alimentació n e hidratació n y poca entrada de luz natural”, conllevaron a la violación del artículo 5.1 y 5.23. Respecto del derecho contenido en el artículo 7 de la Convención, la parte peticionaria alega que fue detenido en violación de las condiciones de legitimidad de la privación de la libertad, y cuestionó los múltiples arrestos de rigor que se impusieron contra el peticionario como sanción “disciplinaria”. Respecto del derecho contenido en el artículo 13, el peticionario alega que las represalias sufridas como consecuencia de su denuncia importan una violación particular del artículo 13.3, y considera que “todas las violaciones relativas a los artículos 5, 7, y 22 a lo largo de este documento son tambié n violaciones al derecho a la libertad de expresió n y de pensamiento”. Respecto del artículo 22, la parte peticionaria señala que la vulneración deriva de las órdenes constantes de traslado y de la persecución de la que aduce ser víctima, al “no propiciar [el Estado] las condiciones y los medios para ejercer este derecho”. Asimismo, invoca la aplicación a su situación de la figura de “desplazamiento”. Respecto de los derechos contenidos en los artículos 8 y 25, la parte peticionaria alega que (a) el hábeas corpus incoado mientras se encontraba detenido fue denegado y (b) que la acción de amparo constitucional resuelta por el Tribunal Constitucional no otorgó una reparación integral o suficiente. B. El Estado 9. El Estado alega que el peticionario fue sometido a tres sanciones disciplinarias diferentes, por causas diversas. La primera de ellas fue impuesta—según afirma el Estado—como consecuencia de una comunicación oficial del 9 de julio de 2001 en la que el peticionario se había referido a un superior como “facilista, simplista, poco profesional, falto de lógica”. El Estado alega que ello implicó la imposición de una sanción al peticionario por insubordinación de tres días de arresto de rigor. El Estado argumenta que la segunda sanción fue la derivada del Consejo de Disciplina que se llevó a cabo el 5 de diciembre de 2001, en el que se condenó al peticionario a la sanción de 15 días arresto de rigor. La tercera—según alega el Estado—fue de cinco días de arresto de rigor adicionales como consecuencia de declaraciones a la prensa, sanción impuesta el 8 de febrero de 2002. 10. Asimismo, el Estado señala que el 12 de diciembre de 2001 el Consejo de Oficiales Almirantes pronunció el cese de funciones del señor Viteri como agregado naval ante la Embajada del Ecuador en Londres, porque el desempeño de esas funciones “era incompatible con las faltas disciplinarias constatadas”. El Estado alega que el cese de sus funciones significó el retorno del peticionario a las Fuerzas Armadas permanentes, situación que se verificó mediante decreto presidencial El peticionario refiere, entre otros, al caso Díaz Peña Vs. Venezuela, en el que la Corte Interamericana sostuvo que “las malas condiciones físicas y sanitarias de los lugares de detenció n, así como la falta de luz y ventilació n adecuadas, pueden ser en sí mismas violatorias del artículo 5 de la Convenció n Americana, dependiendo de la intensidad de las mismas, su duració n y las características personales de quien las sufre, pues pueden causar sufrimientos de una intensidad que exceda el límite inevitable de sufrimiento que acarrea la detenció n, y porque conllevan sentimientos de humillació n e inferioridad”. Párr. 159. 3 2

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