4 de septiembre de 2018 REF.: Caso Nº 12.924 Julio César Ramón del Valle y Carlos Eduardo Domínguez Linares Argentina Señor Secretario: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de presentar ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso Nº 12.924 – Julio César Ramón Del Valle y Carlos Eduardo Domínguez Linares respecto de la República de Argentina (en adelante “el Estado”, “el Estado argentino” o “Argentina”). En diciembre de 1997 la Cámara Novena del Crimen de Córdoba resolvió declarar a los señores Del Valle Ambrosio y Domínguez Linares cómplices del delito de defraudación e imponerle a cada uno la pena de tres años y seis meses de prisión. Sus abogados defensores interpusieron recursos de casación los cuales fueron declarados inadmisibles, sin que se hiciera un análisis del fondo. La Comisión consideró que la decisión de los recursos se enmarcó en una práctica judicial de interpretación restrictiva y que, tomando en cuenta que se trataba del único recurso contra la condena de primera instancia, los señores Del Valle Ambrosio y Domínguez Linares no contaron con una revisión integral ante autoridad jerárquica, incluyendo las cuestiones de hecho y de valoración probatoria alegadas por la defensa mediante los referidos recursos. La Comisión advirtió que los recursos extraordinarios interpuestos también fueron declarados inadmisibles. La Comisión concluyó que el Estado argentino violó en perjuicio de ambas víctimas el derecho a recurrir del fallo establecido en el artículo 8.2 h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Asimismo, la Comisión concluyó que, como consecuencia del carácter limitado del recurso de casación y, aún más limitado, del recurso extraordinario, las víctimas no contaron con recursos judiciales sencillos y efectivos en el marco del proceso penal que culminó con su condena, en violación también del derecho establecido en el artículo 25.1 de la Convención, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. El Estado argentino ratificó la Convenció n Americana sobre Derechos Humanos y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana el 5 de septiembre de 1984. La CIDH ha designado al Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, como sus delegados. Asimismo, Silvia Serrano Guzmán y Piero Vásquez Agüero, abogada y abogado de la Secretaría Ejecutiva, actuarán como asesora y asesor legales. Señor Pablo Saavedra Alessandri, Secretario Corte Interamericana de Derechos Humanos Apartado 6906-1000,San José, Costa Rica

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