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la Convención: 1 (Obligación de Respetar los Derechos), 4 (Derecho a la Vida), 5
(Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías
Judiciales) y 25 (Protección Judicial). Dichas violaciones se produjeron, según la
demanda, por:
el secuestro, la tortura y el asesinato de Henry Giovani Contreras, Federico
Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez
Cifuentes; el asesinato de Anstraum Villagrán Morales; y la omisión de los
mecanismos del Estado de tratar dichas violaciones como correspondía, y de
brindar acceso a la justicia a las familias de las víctimas.

Como dos de las víctimas, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez
Cifuentes eran menores de edad cuando fueron secuestrados, torturados y
asesinados y Anstraum Villagrán Morales era menor de edad cuando fue asesinado,
la Comisión alegó que Guatemala también violó el artículo 19 (Derechos del Niño) de
la Convención Americana. Además la Comisión solicitó que la Corte ordenara que el
Estado tome las medidas necesarias para completar una pronta, imparcial y efectiva
investigación de los hechos “a fin de que puedan detallarse en una reseña
oficialmente sancionada” para determinar la responsabilidad individual por las
violaciones y que “haga objeto a esas personas responsables de adecuadas
sanciones”. Solicitó al Estado “reivindic[ar] los nombres de las víctimas así como el
pago de una justa indemnización a quienes se vieron perjudicados en virtud de las
violaciones de los derechos precedentemente mencionados” y el pago de las costas a
las víctimas y sus representantes. En su demanda, la Comisión también invocó la
violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura.
3.
La Comisión Interamericana designó como sus delegados a John Donaldson y
Claudio Grossman y como sus abogados a David J. Padilla y Elizabeth Abi-Mershed.
Como sus asistentes acreditados en calidad de representantes de las víctimas
nombró a Ariel Dulitzky, Viviana Krsticevic, Alejandro Valencia Villa, Francisco Cox
Vial y José Miguel Vivanco.
4.
Por nota de 6 de marzo de 1997, la Secretaría de la Corte (en adelante “la
Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de
la Corte (en adelante “el Presidente”), notificó la demanda en idioma inglés al
Estado, la cual fue recibida al día siguiente y le informó que disponía de cuatro
meses para responderla, de dos meses para oponer excepciones preliminares y de
un mes para nombrar agente y agente alterno; todos estos plazos a partir de la
notificación de la demanda. Por comunicación de la misma fecha se invitó al Estado
a designar Juez ad hoc. La traducción de la demanda al idioma español fue
transmitida al Estado el 14 de septiembre de 1997.
5.
El 31 de marzo de 1997 Guatemala comunicó a la Corte la designación como
agente de Julio Gándara Valenzuela, Embajador de Guatemala ante la República de
Costa Rica.
6.
El 2 de abril de 1997 Guatemala presentó un escrito mediante el cual
interpuso cuatro excepciones preliminares y solicitó que la Corte “prorrog[ara] el
plazo de contestación de la demanda hasta que [las excepciones preliminares] se
[hubiesen] resuelto”.

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