En tercer lugar, la Comisión declaró que el Estado violó el principio de legalidad contemplado en el artículo 9 de la Convención Americana por la excesiva amplitud de la causal disciplinaria aplicada a la víctima del caso, la cual sancionaba atacar “en cualquier forma” la conducta de jueces o magistrados, la cual, afectó la previsibilidad de las conductas reprochables y posibilitó que las autoridades disciplinarias contaran con un margen de discrecionalidad para la calificación de lo que constituye un ataque. Finalmente, la Comisión determinó que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y expresión por imponer una sanción arbitraria al ejercicio de la libertad de expresión, mediante la imposición de una responsabilidad ulterior que incumplió los requisitos establecidos en el artículo 13.2 de la Convención Americana. La CIDH determinó que la causal disciplinaria no cumplió con el principio de legalidad por las razones indicadas. Además, indicó que la finalidad perseguida de “respeto jerárquico” no es uno de los fines consagrados en el artículo 13.2 de la Convención. También estimó que no existía relación de medio a fin entre la restricción aplicada a un trabajo académico y la finalidad invocada y resaltó que las opiniones vertidas en el trabajo académico son de interés público y deben protegerse con mayor rigor en la medida en que contribuyen al debate sobre la forma en la que el Poder Judicial puede responder a denuncias de graves violaciones de derechos humanos. El Estado chileno depositó el instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 21 de agosto de 1990 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en la misma fecha. La Comisión ha designado al Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, y al Relator Especial para la Libertad de Expresión Edison Lanza como sus delegados. Asimismo, Silvia Serrano Guzmán y Christian González Chacón actuarán como asesores legales de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del informe 21/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del informe 21/18 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Chile mediante comunicación de 5 de abril 2018, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. La CIDH otorgó en este caso cuatro prórrogas al Estado, durante las cuales presentó escritos manifestando su voluntad de cumplir con las recomendaciones. Sin embargo, no demostró avances significativos para el cumplimiento de todas las recomendaciones, particularmente la relativa a la reparación en favor de la víctima. En virtud de lo anterior, la Comisión decidió enviar el caso a la Corte Interamericana ante la necesidad de obtención de justicia y reparación para la víctima. La Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo Nº 21/18. 2

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