-55mandos militares (Generales Farouk Yanine Díaz y Carlos Julio Gil Colorado y Coronel Jaime Fajardo Cifuentes) para capturar a miembros de los grupos paramilitares involucrados en los hechos. Por ejemplo, se tardó más de seis meses en capturar al reconocido paramilitar Alonso de Jesús Baquero Agudelo (alias “Vladimir”). Una de las personas que trabajaba para Baquero Agudelo, el paramilitar Luis Alberto Arrieta Morales, declaró años después ante la Fiscalía que: después de la masacre de los jueces [Vladimir] se paseaba sin problema por Puerto Berrío[. …N]o llegaba mucho al pueblo porque de la Brigada Décima Cuarta […d]e Puerto Berrío, le mandaban razones que no fuera al pueblo porque tenía orden de captura[. … E]l comandante de la Policía de Puerto Berrío [… d]ías antes de la captura de él le había mandado decir que no bajara al pueblo porque lo tenían que capturar169. 173. Además, la Corte hace notar que no se ha hecho efectiva la captura de dos personas acusadas de homicidio170. Al respecto, el Estado no ha demostrado las medidas concretas tendientes a capturar a tales personas, ni los obstáculos específicos que haya encontrado para hacerlo. 174. Por otra parte, también se incurrió en una omisión de protección a los funcionarios judiciales encargados del levantamiento de los cadáveres el mismo día de los hechos. El Comandante de la Quinta Brigada del Ejército, General Alfonso Vacca Perilla, no les brindó la protección requerida, por lo que dichos funcionarios se tuvieron que trasladar por su propia cuenta y riesgo al lugar de los hechos171. Esta situación es aún más grave si se tiene en cuenta que a dicho general le fue informado que “en el sitio de [la masacre] se encontraba un herido aún con vida”. Esta grave omisión guarda estrecha relación con lo manifestado por la víctima sobreviviente Arturo Salgado en su declaración ante la Corte, cuando expresó 41, folio 3462); y oficio No. 164 de 31 de marzo de 1989 dirigido al Procurador General de la Nación (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, Tomo VI, anexo 41, folio 3464). 169 Cfr. indagatoria de 20 de febrero de 1997 rendida por Luis Alberto Arrieta Morales ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos (expediente de anexos a la demanda, Tomo I, anexo A14, folios 170 y 171). 170 Jairo Iván Galvis y Lanfor Miguel Osuna. Cfr. informe emitido el 25 de agosto de 2006 por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (expediente de anexos al escrito de contestación de la demanda, Tomo I, anexo 1, folio 4607). 171 Cfr. informe de 27 de enero de 1989 presentado por dos agentes y dos técnicos ante la responsable de la Unidad de Indagación Preliminar de Barrancabermeja (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, Tomo VI, anexo A35, folios 3432 a 3434. En el referido informe presentado por dos agentes y dos técnicos de la Unidad de Indagación Preliminar de Barrancabermeja, estos funcionarios señalaron que aproximadamente a las 14:00 horas les fue comunicada la ocurrencia de la masacre. A partir de dicha información y con el objeto de realizar el levantamiento de los cadáveres, se trasladaron a la Base Militar del corregimiento de El Centro, en compañía de dos jueces de instrucción criminal. Según dicho informe, a las 15:00 horas se solicitó apoyo para efectuar el mencionado levantamiento, pero el comandante de la base militar y el comandante de la Policía Nacional en dicho corregimiento informaron que “se debía esperar a que el […] General VACCA PERILLA[,] comandante de la Quinta Brigada [del Ejército], se hiciera presente”. El General Vacca Perilla se hizo presente a las 16:00 horas y “se reunió con el comandante del Batallón Nueva Granada y el [mencionado comandante] de la Policía, reunión que se prolongó hasta las cinco de la tarde, al término de la cual se dijo que no se trasladaría personal del ejército al área de los hechos”. El informe de los investigadores señala que hacia las 17:00 horas se les informó que “en el sitio de [la masacre] se encontraba un herido aún con vida”. También se indica que uno de los secretarios de la Unidad de Indagación Preliminar, ante la negativa de apoyo de los comandantes militares, se desplazó hacia el lugar de la masacre en compañía de un técnico de dicha unidad, encontrándose de camino con la víctima sobreviviente Arturo Salgado y los periodistas que lo auxiliaron. Asimismo, el informe señala que, siendo las 18:00 horas y sin haber recibido respuesta por parte de los comandantes que se encontraban en la base militar, los agentes investigadores y uno de los jueces de instrucción criminal, se desplazaron al sitio de los hechos, a pesar de no contar con el apoyo militar. En el informe también se señala que “según lo manifestado por un oficial del Ejército, la diligencia se llevaría a cabo a las seis de la mañana del siguiente día, según orden expresa del […] General VACCA PERILLA, [y] que si [se] movilizá[ban] sería por cuenta y riesgo propio, por lo cual se tomó el riesgo de llegar hasta el lugar”.