Los hechos del caso se refieren a la detención, tortura y desaparición forzada de Jeremías Osorio Rivera, el 28 de abril de 1991, por integrantes del Ejército peruano, en el marco del llamado "Plan Operativo Palmira" que se implementó en la Provincia de Cajatambo, Departamento de Lima. A inicios de 1991, la zona fue declarada en estado de emergencia entregándose al Ejército el control interno de la misma.

La Corte IDH entendió que durante la década del 80 y hasta finales del 2000, se vivió en Perú un conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares. Este conflicto se agudizó mediante una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos -entre ellas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas- de personas sospechosas de pertenecer a grupos políticos opositores. Estas prácticas fueron realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de jefes militares y policiales.

La Corte IDH reiteró estándares sobre desaparición forzada de personas -el carácter jus cogens de su prohibición- y el alcance de la jurisdicción penal militar en relación con las obligaciones estatales que impone la Convención Americana. Adicionalmente analizó la conducción e las investigaciones penales a la luz del criterio de debida diligencia y la tipificación del delito de desaparición forzada en la legislación interna.

Respecto a la suspensión de garantías, la Corte IDH reiteró que la prohibición de privación arbitraria de la libertad es un derecho inderogable no susceptible de suspensión, y menos aún durante un conflicto armado.