Los hechos del caso se refieren a la detención ilegal, tortura y desaparición forzada, sufrida por José Carlos Trujillo Oroza durante el año 1972, así como a la imposibilidad de sus familiares de denunciar los hechos en el orden local a raíz la inestabilidad política y a los sucesivos golpes militares que se llevaron a cabo en el país.

En el caso, el Estado reconoció los hechos así como la responsabilidad internacional y las consecuencias jurídicas que de ello derivaban. Tal allanamiento fue admitido por la Corte IDH.