Los hechos del caso se refieren al secuestro -en octubre de 1990- y posterior desaparición de Ernesto Rafael Castillo Páez por parte de la Policía Nacional del Perú, en el contexto de una operación para detener a los responsables del grupo “Sendero Luminoso”. Tras la desaparición de la víctima, los familiares iniciaron una acción de habeas corpus que posteriormente desencadenó un proceso penal por el delito de abuso a la autoridad contra varios oficiales de la Policía. Sin embargo, la justicia ordenó archivar el caso sin sancionar a persona alguna.

La Corte IDH consideró los hechos bajo la óptica de la desaparición forzada estableciendo, además, la pertinencia del hábeas corpus en este tipo de casos. Del mismo modo, la Corte IDH señaló que el Estado está obligado a investigar este tipo de hechos ya que aun en el supuesto de que dificultades de orden interno impidiesen identificar a los responsables, subsiste el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos.