52 179. La Corte nota que al momento de los hechos, el Ecuador contaba con una regulación general sobre el derecho a la salud contenida en el Código de la Salud de 1971 (supra párr. 70). Este Código indicaba que la autoridad de salud establecería las normas y los requisitos que deben cumplir los establecimientos de atención médica, y los inspeccionará y evaluará periódicamente. De igual manera, establecía que los establecimientos de atención médica someterían a la aprobación de la autoridad de salud sus programas anuales y sus reglamentos (supra párr. 70). Este Código no estipulaba ni regulaba el suministro de sangre o sus derivados, ni estableció sanción alguna en este campo210. 180. La Corte nota que si bien el Código de la Salud del año 1971 no contaba con regulaciones específicas sobre el funcionamiento de los bancos de sangre, desde 1984 y 1986 existían leyes que regulaban las donaciones voluntarias de sangre, así como el aprovisionamiento y utilización de sangre y sus derivados (supra párr. 74). Posteriormente, en 1987 se establecieron normas que regulaban la práctica obligatoria de pruebas de VIH a todas las unidades de sangre y sus derivados, en todos los bancos de sangre del Ecuador (supra párr. 71). Además, las normas señalaron las autoridades en materia de salud encargadas de sancionar el incumplimiento de estas normas 211. 181. Asimismo, en normativas creadas en 1992 y 1998 se identificaron organismos, como la Secretaría Nacional de Sangre, encargados de supervisar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y manuales operativos, señalando las sanciones contempladas en caso de inobservancia de dichas disposiciones y manuales (supra párr. 71). Adicionalmente, en 1998 se estableció el marco bajo el cual debían funcionar los bancos de sangre para la colecta de sangre y su disposición final, a fin de evitar la transmisión de infecciones mediante la transfusión (supra párr. 72). En el mismo sentido, la Constitución Política de 1998 contemplaba la formulación de la política nacional de salud y la vigilancia de las empresas que se dedicaran a los servicios de salud privados (supra párr. 73). establecido que “cuando a la Administración Pública se le ha impuesto el deber jurídico de evitar un resultado dañoso, aquella asume la posición de garante en relación con la víctima, razón por la cual de llegarse a concretar el daño, éste resultará imputable a la Administración por el incumplimiento de dicho deber. […] En cuanto a la imputación de responsabilidad del Estado por violar los deberes que surjan a partir de la posición de garante, debe advertirse que aquélla no puede provenir de un análisis abstracto o genérico, pues, en efecto, si bien se ha precisado que el Estado se encuentra vinculado jurídicamente a la protección y satisfacción de los derechos humanos y/o fundamentales, es menester precisar que, de acuerdo con una formulación amplia de la posición de garante, se requiere para formular la imputación que, adicionalmente: i) el obligado no impida el resultado lesivo, siempre que ii) esté en posibilidad de hacerlo. […] Así pues, debe advertirse –igualmente- que las obligaciones que están a cargo del Estado -y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión-, deben mirarse en concreto, frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo. […] Por consiguiente, no se trata de una abstracta atribución o de un genérico e impreciso deber de vigilancia y control, sino de su grave incumplimiento por parte de la Administración Pública de tales deberes, todo lo cual produjo las nefastas consecuencias vistas en este asunto y en el caso al cual se ha hecho referencia. Cfr. Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 12 de noviembre de 2014, Rad. 25000-23-26-000-2003-01881-01(38738). 210 4034). 211 Cfr. Peritaje de Jimmy Tandazo y Carolina Zevallos 20 de febrero de 2015 (expediente de prueba, folio Al respecto, las normas señalan que “[e]l control del cumplimiento de este Acuerdo estarán a cargo de la Cruz Roja Ecuatoriana”, asi como que “[l]as autoridades o personas que no acataren [dichas normas] serán sacionadas por las autpridades de salud, de conformidad con el Códgio de Salud”. Registro Oficial No. 794. Reglamento 8001. Acuerdo de obligatoriedad de realización de pruebas de VIH en todas las unidades de sangre y derivados de 20 de Octubre de 1987 (expediente de prueba, folio 2691).