2
(en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte
una demanda contra la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o
“Guatemala”). La petición inicial fue presentada por la Oficina de Derechos Humanos
del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (en adelante “CEJIL”)1 ante la Comisión el 13 de septiembre de 19962.
El 1 de abril de 2000 el Estado y los representantes de las presuntas víctimas (en
adelante “los representantes”) pactaron un acuerdo en el marco de una solución
amistosa3, mediante la cual el Estado reconoció su responsabilidad internacional y
se comprometió a reparar a las presuntas víctimas. Sin embargo, el 20 de febrero
de 2006 los representantes manifestaron su voluntad de apartarse del acuerdo de
solución amistosa, por lo que se prosiguió con el trámite ante la Comisión4. El 14 de
marzo de 2008 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 22/08,
en los términos del artículo 50 de la Convención5. El informe recomendó al Estado
que, entre otros, realizara una investigación especial, rigurosa, imparcial y efectiva
que juzgara y sancionara a los responsables, así como que removiera todos los
obstáculos de hecho y de derecho que mantenían el caso en la impunidad. Este
informe fue notificado al Estado el 30 de abril de 2008. Después de considerar que
Guatemala no había adoptado sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el
presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó a los señores Víctor
Abramovich, Comisionado y Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, como
Delegados, y a la señora Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y al
señor Juan Pablo Albán Alencastro y a la señora Isabel Madariaga como asesores
legales.

1
El 26 de marzo de 1999 la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala se
incorporó al procedimiento ante la Comisión como co-peticionaria.
2
Los representantes denunciaron las presuntas violaciones de los derechos contenidos en los
artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 19
(Derechos del Niño) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, todos en relación con el artículo1.1
(Obligación de Respetar los Derechos) del mismo tratado. Posteriormente, el 26 de agosto de 1997 los
peticionarios presentaron un escrito mediante el cual solicitaron a la Comisión que declarara al Estado
responsable de las violaciones a los derechos contenidos en los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de
la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la
Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad), 17 (Protección a
la Familia), 19 (Derechos del Niño), 21 (Derecho a la Propiedad Privada), 22 (Derecho de Circulación y de
Residencia), 25 (Protección Judicial) y 29 (Normas de Interpretación) de la Convención, en concordancia
con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese instrumento.
3
En el acuerdo suscrito el 1 de abril de 2000 en el marco de la solución amistosa, entre el Estado y
los representantes, el Estado dejó plasmado su reconocimiento de responsabilidad internacional en los
siguientes términos: “El Gobierno de Guatemala reconoce la responsabilidad institucional del Estado por
los hechos ocurridos entre el 6 y 8 de diciembre de 1982 en el Parcelamiento Las Dos Erres, Aldea Las
Cruces, ubicado en el municipio de la Libertad, Departamento [de] Petén […], donde miembros del Ejército
de Guatemala masacraron aproximadamente a 300 personas, pobladores del Parcelamiento, hombres,
niños, ancianos y mujeres. El Gobierno de Guatemala reconoce también la responsabilidad institucional del
Estado guatemalteco por el retardo de la justicia para investigar los hechos relativos a la masacre,
identificar a los responsables materiales e intelectuales de los mismos y aplicar las sanciones
correspondientes […] Guatemala acepta su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos
denunciadas por los peticionarios en la comunicación enviada a la Comisión de fecha 13 de septiembre de
1996, a saber, violación del derecho a reconocimiento de la personalidad jurídica, del derecho a la vida, a
la integridad, a la libertad personal, violación de la protección a la familia y los derechos del niño, violación
del derecho a la propiedad privada, a las garantías judiciales, a la protección judicial y violación del deber
de investigar, sancionar y reparar.”
4
El procedimiento de solución amistosa no se concretó con el informe del artículo 49 de la
Convención.
5
En el informe de Admisibilidad y Fondo No. 22/08 la Comisión concluyó que el Estado violó los
derechos consagrados en los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4
(Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8.1
(Garantías Judiciales), 17 (Protección a la Familia), 19 (Derechos del Niño), 21 (Derecho a la Propiedad
Privada) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar
los Derechos) de dicho instrumento, por los hechos ocurridos en el Parcelamiento de Las Dos Erres, los
días 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 1982 y la posterior denegación de justicia.

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