Los hechos del caso se refieren a la desaparición forzada -entre abril de 1972 y enero de 1975- de miembros de la “Guerrilha do Araguaia”, un movimiento de resistencia a la dictadura militar integrado por algunos miembros del partido comunista de Brasil. Como consecuencia de la vigencia y aplicación de la ley de amnistía -Ley N° 6683/79- no fueron realizadas investigaciones penales por tales hechos.

La Corte IDH reiteró estándares sobre la desaparición forzada de personas como violación múltiple y continuada de derechos, así como sobre la obligación estatal de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos y su incompatibilidad con la vigencia de leyes de amnistía. Por otro lado, la Corte IDH desarrolló la protección al derecho de acceder a la información pública y los límites del secreto estatal.