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Reglamento”), dicta la presente Sentencia.
I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA
1.
El 4 de noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó, de conformidad
con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra los Estados Unidos
Mexicanos (en adelante “el Estado” o “México”), a partir de la cual se inició el presente
caso. La petición inicial fue presentada ante la Comisión el 6 de marzo de 2002. El 24
de febrero de 2005 la Comisión aprobó los Informes No. 16/05, 17/05 y 18/05,
mediante los cuales declaró admisibles las respectivas peticiones. El 30 de enero de
2007 la Comisión notificó a las partes su decisión de acumular los tres casos.
Posteriormente, el 9 de marzo de 2007 aprobó el Informe de fondo No. 28/07, en los
términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas
recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 4 de abril de
2007. Tras considerar que México no había adoptado sus recomendaciones, la
Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión
designó como delegados a los señores Florentín Meléndez, Comisionado, Santiago A.
Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a Elizabeth Abi-Mershed,
Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Juan Pablo Albán, Marisol Blanchard, Rosa Celorio y
Fiorella Melzi, especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
2.
La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del
Estado por “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González,
Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (en adelante “las
jóvenes González, Herrera y Ramos”), cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo
algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. Se responsabiliza al
Estado por “la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran
menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno
conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado
centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades
frente a la desaparición […]; la falta de debida diligencia en la investigación de los
asesinatos […], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada”.
3.
La Comisión solicitó a la Corte que declare al Estado responsable por la
violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5
(Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 19 (Derechos del Niño) y
25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con las obligaciones establecidas
en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar
Disposiciones de Derecho Interno) de la misma, y el incumplimiento de las
obligaciones que derivan del artículo 7 de la Convención para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención Belém do Pará”). La
demanda fue notificada al Estado el 21 de diciembre de 2007 y a los representantes el
2 de enero de 2008.
4.
El 23 de febrero de 2008 las organizaciones Asociación Nacional de Abogados
Democráticos A. C., Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los
Derechos de la Mujer, Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y
Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C., representantes de las presuntas

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