Los hechos del caso se refieren a violaciones a las garantías judiciales ante el cese colectivo de trabajadores de diversas entidades públicas (Petroperú, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas y la Empresa Nacional de Puertos) ocurrido en un contexto de aplicación de normas y procedimientos especiales –entre los años 1996 y 1998- de racionalización de los organismos estatales.

En su Sentencia, la CorteIDH analizó la respuesta judicial frente a los despidos y el derecho al trabajo en relación con el acceso a la justicia.