Los hechos del caso se refieren al otorgamiento de una concesión por parte del Estado a una empresa privada para realizar trabajos de construcción de carreteras y de explotación maderera en tierras ancestrales de la comunidad Mayagna (sumo) Awas Tingui, sin mediar su consentimiento.

La Corte IDH estableció estándares derivados de la inexistencia de un procedimiento efectivo para delimitar, demarcar y titular las tierras indígenas en relación con la garantía de protección judicial. En igual sentido, desarrolló estándares acerca del concepto de propiedad en las comunidades indígenas y su vinculación con el derecho consuetudinario.