Los hechos del caso se refieren a la desaparición forzada de Saúl Godínez Cruz en julio de 1982, en el momento en que se dirigía a su trabajo como profesor. La víctima era un activo dirigente del gremio y había participado en varias huelgas iniciadas en aquella época.

La Corte IDH aplicó estándares desarrollados en el caso Velásquez Rodríguez acerca de los elementos y características de la desaparición forzada, tomando en consideración el contexto histórico imperante al momento de los hechos. Del mismo modo, la Corte IDH estableció estándares desarrollando las características de obligación de medio de los deberes estatales de prevenir y sancionar.