Los hechos denunciados se refieren a la tortura y ejecución extrajudicial -por parte de la Guardia Nacional- de un grupo de internos de la cárcel de Vista Hermosa, durante un operativo en noviembre de 2003. Tambien se alegan violaciones a la debida diligencia durante la investigación.

En su Sentencia la CorteIDH desarrollo estándares vinculados con el uso de la fuerza por parte de agentes estatales a la luz de los principios de legalidad, finalidad legitima, absoluta necesidad y proporcionalidad. En el mismo sentido, analizó la compatibilidad con el derecho internacional de la utilización de cuerpos militares y policiales para garantizar la seguridad, custodia y vigilancia de las personas privadas de libertad.

Adicionalmente evaluó el cumplimiento del deber estatal de investigar a la luz de la garantía de plazo razonable y debida diligencia.