El Estado de Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 12 de julio de 1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. La Comisión ha designado al Comisionado Joel Hernández y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, como sus Delegados. Asimismo, Christian González Chacón, abogado de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuará como Asesor Legal. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del Informe Nº 116/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del Informe Nº 116/18 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Perú mediante comunicación de 6 de noviembre de 2018, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 6 de febrero de 2019 la CIDH concedió una prórroga de dos meses al Estado para que contara con un plazo adicional para cumplir con las recomendaciones del Informe de Fondo. La Comisión otorgó una segunda prórroga al Estado el 6 de mayo de 2019. En su último informe y tercera solicitud de prórroga, el Estado expresó que aún no se encontraba en condiciones de cumplir con las recomendaciones relacionadas con la reincorporación de la víctima a su cargo, así como reparaciones integrales dado que su implementación dependía en gran parte de la conformación de la Junta Nacional de Justicia, que se encuentra en proceso de selección, el cual finalizaría en diciembre de 2019. El Estado no expresó clara voluntad de cumplimiento de las recomendaciones, pues supeditó el cumplimiento de las mismas a lo que decida la Junta de Nacional de Justicia, ni refirió concretamente en que momento, luego de su integración, dicha Junta estaría en capacidad de rendir su opinión sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo. En vista de lo anterior, la CIDH decidió no otorgar la tercera prórroga solicitada y someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana por la necesidad de obtención de justicia para la víctima. La Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo Nº 116/18. En ese sentido, la CIDH solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado de Perú por la violación de los derechos a las garantías judiciales, al principio de legalidad y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8.1, 8.2, 8.2 b), 8.2 c), 9, 23.1 c) y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Julio Casa Nina. Asimismo, la comisión solicita a la Corte que establezca las siguientes medidas de reparación: 1. Reincorporar a la víctima en un cargo similar al que desempeñaba, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparable al que le correspondería el día de hoy si no hubiera sido cesado. En caso de que esta no sea la voluntad de la víctima o que existan razones objetivas que impidan la reincorporación, el Estado deberá pagar una indemnización por este motivo, que es independiente de las reparaciones relativas al daño material y moral incluidas en la recomendación número dos. 2. Reparar integralmente las consecuencias de las violaciones declaradas en el Informe de Fondo, incluyendo tanto el daño material como el daño inmaterial. 3. Adoptar medidas de no repetición necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares. En particular, asegurar la aplicación de las reglas del debido proceso en el marco de procesos de destitución o cese de fiscales, independientemente de que sean o no provisionales.

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