Los hechos del caso se refieren a la condena penal impuesta a Santander Tristán Donoso, abogado panameño, a raíz de una querella presentada por el ex Procurador General por los delitos de calumnia e injuria. En julio de 1996, el funcionario público divulgó el contenido de una conversación telefónica privada entre Tristán Donoso y un cliente lo que provocó la presentación de una denuncia por parte de Tristán Donoso por la intromisión en su vida privada y en su libertad en el ejercicio profesional. La Corte Suprema sobreseyó al ex Procurador, y posteriormente hizo lugar a la querella por los delitos de calumnia e injuria presentada contra Tristán Donoso.

La Corte IDH reconoció que la aplicación de una sanción penal constituye una restricción indirecta a la libertad de expresión cuando se trata de expresiones relativas a funcionarios públicos y sobre asuntos de interés público, y que la divulgación de la conversación telefónica privada supuso una afectación al derecho a la vida privada y a la honra.