Los hechos del caso se refieren a la detención ilegal y arbitraria y los allanamientos -por parte de agentes estatales- sufridos por la joven J. debido a su supuesta vinculación con el grupo “Sendero Luminoso”, ocurrida a inicios del año 1992 al amparo de un régimen legal de excepción que suspendió garantías.

La Corte IDH consideró que durante la década del 80 y hasta finales del 2000, se vivió en Perú un conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares. Este conflicto se agudizó mediante una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos -entre ellas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas- de personas sospechosas de pertenecer a grupos políticos opositores que fueron realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de jefes militares y policiales.

La joven J. fue acusada bajo la ley antiterrorista y sometida a un proceso -en tribunales "sin rostro"- que la Corte IDH consideró violatorio de sus garantías y de la presunción de inocencia. En igual sentido, la Corte IDH evaluó la detención y el régimen de prisión preventiva que se le aplicó a J. así como los maltratos y la violencia física y sexual a la que fue sometida.

La Corte IDH refirió que, cuando existe razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura o malos tratos, la decisión de iniciar y adelantar una investigación constituye una obligación estatal imperativa y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole.