INFORME No. 14/15
CASOS 11.602, 12.385, 12.665 y 12.666
INFORME DE FONDO
TRABAJADORES CESADOS (PETROPERÚ, MEF Y ENAPU)
INFORME DE ADMISIBILIDAD Y FONDO (MINEDU)
PERÚ
23 DE MARZO DE 2015

I.

RESUMEN

1.
Entre febrero de 1996 y marzo de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante “la Comisión”; “la Comisión Interamericana”; o “la CIDH”) recibió cuatro peticiones respecto de
1631 personas2, en las cuales se alegó la responsabilidad internacional del Estado de Perú (en adelante “el
Estado”; “el Estado peruano” o “Perú”) debido a la alegada destitución irregular de sus cargos como
funcionarios de diversas entidades estatales, a saber: Petróleos del Perú (en adelante “Petroperú”), el
Ministerio de Educación (en adelante “el Minedu”), el Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante “el
MEF”) y la Empresa Nacional de Puertos S.A. (en adelante “la Enapu”) respectivamente.
2.
Los peticionarios alegaron que sus ceses fueron adoptados por medio de decretos leyes y
resoluciones administrativas emitidas a partir de abril de 1992 en un contexto de ruptura del orden
democrático. Indicaron que esos ceses vulneraron las garantías de un debido proceso administrativo y otros
derechos protegidos en la normativa constitucional interna. Señalaron que las presuntas víctimas formularon
acciones de amparo con el propósito de ser reincorporadas, las cuales fueron desestimadas. Agregaron que si
bien el Estado peruano ha otorgado beneficios a algunas de las presuntas víctimas, ello no sería suficiente
para reparar los daños materiales y morales de los que habrían sido objeto a raíz de la pérdida arbitraria de
sus trabajos.
3.
Por su parte, el Estado negó que los hechos alegados por los peticionarios constituyan
violaciones a la Convención Americana. Sostuvo que los ceses se realizaron de conformidad con la legislación
vigente en dicha época y que, a partir del 2001, se han adoptado normas dirigidas a revisar la presunta
irregularidad de los ceses colectivos ocurridos. En particular, destacó que a través de la Ley No. 27803 de 28
de julio de 2002 se ha brindado distintos beneficios a las personas perjudicadas con los referidos ceses.
4.
Tras analizar la posición de las partes, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado
peruano es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”),
en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, por la
denegación de justicia sufrida en perjuicio de las personas que se indican en la sección respectiva, en el
contexto de los ceses colectivos que tuvieron lugar en Perú en la década de los noventa. En consecuencia, la
Comisión formuló las recomendaciones correspondientes.
II.

TRÁMITE ANTE LA CIDH

5.
Entre febrero de 1996 y marzo de 2002 la Comisión Interamericana recibió cuatro
peticiones cuyo trámite hasta la decisión sobre admisibilidad en tres de ellas se encuentra explicado en
detalle en los informes de admisibilidad No. 54/083, 55/084 y 56/085, respectivamente, emitidos el 24 de
1 Véase Anexo 1 al presente informe. En el caso 11.602, mediante comunicaciones del 31 de julio de 2009 y 30 de marzo de
2010, el señor Federico Antón manifestó su intención de desistir como presunta víctima dentro del caso No. 11.602. El 23 de marzo de
2011 la Comisión emitió el Informe No. 56/11 mediante el cual archivó su reclamo.
2 Estas peticiones hacen parte de un grupo mayor de asuntos sobre la misma temática que se encuentran actualmente bajo
conocimiento de la Comisión en otras etapas procesales.
3 CIDH, Informe No. 54/08, Petición 160-02, Admisibilidad, Trabajadores Despedidos del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), Perú, 24 de julio de 2008.

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