-6mediante la sentencia correspondiente al caso Charles Matthew se revocó el criterio establecido en la sentencia del caso Balkissoon Roodal, y se reinstauraba la aplicación de la pena de muerte obligatoria 32. A pesar de ello, según la misma sentencia del caso Charles Matthew, la pena de muerte obligatoria no podría ser aplicada a aquellas personas que para la fecha de ésta se estuviesen beneficiando del criterio del caso Balkissoon Roodal 33. Con base en lo anterior, la Comisión entendió que esta sentencia aplica a todas las víctimas del caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, exceptuando a Joey Ramiah, y que requiere que Trinidad y Tobago conmute todas las penas de muerte impuestas a las mismas y les imponga cadena perpetua. Sin embargo, posteriormente, la Comisión informó sobre casos de distintas personas, ninguna de las cuales es víctima del caso bajo estudio, que deberían estar amparadas por la señalada excepción al precedente del caso Charles Matthew, y cuyas ejecuciones habrían sido ordenadas. La Comisión también informó sobre una alegada política estatal dirigida a hacer cumplir las órdenes de pena de muerte, fundadas en la afirmación realizada en el 2005 por el entonces Fiscal General, quien habría indicado que ningún obstáculo jurídico desincentivaría al Estado de buscar la ejecución de su mandato constitucional con relación a otras personas condenadas, de acuerdo al Estado de Derecho 34. El representante de las víctimas igualmente afirmó, en su escrito de 2014, que la pena de muerte obligatoria continúa siendo aplicada en Trinidad y Tobago. El Estado, con su silencio, no contradijo lo sostenido por la Comisión y el representante, a pesar de las solicitudes de información específicas que mediante nota de Secretaría se le hicieron sobre la extensión del precedente establecido en el caso Charles Matthew (supra Visto 3). 10. Un razonamiento similar aplica al caso Caesar. La Corte observa que la Comisión indicó que no existen elementos que permitan verificar el cumplimiento de la reparación relativa a “adoptar […] las medidas legislativas o de otra índole necesarias para derogar la Ley de Penas Corporales”. Al contrario, reseñó un ejemplo de octubre de 2005 en el cual un tribunal de Trinidad y Tobago habría vuelto a aplicar una pena preferida. En consecuencia, el Privy Council indicó que la Ley de Delitos contra la Persona debía interpretarse de tal forma que proveyera la aplicación discrecional de la condena perpetua. Cfr. Privy Council Appeal No. 18 of 2003, Balkissoon Roodal Vs. The State, 20 de noviembre de 2013 (Anexo al escrito presentado por la Comisión el 8 de diciembre de 2003, folio 21). 32 Al respecto, el Privy Council fundamenta su decisión en que, aunque la Constitución trinitaria reconoce los derechos a la vida y la prohibición de tratos crueles e inhumanos, la sección 6(1) de la misma dispone que dichas normas no podrán invalidar una norma pre existente, por lo que teniendo en cuenta que la Ley de Delitos contra la Persona pre existe la referida Constitución trinitaria, sus disposiciones sólo pueden ser anuladas por el Parlamento. Cfr. Privy Council Appeal No. 12 of 2004, Charles Matthew Vs. The State, 7 de julio de 2004 (Anexo al escrito presentado por la Comisión el 12 de julio de 2004, folios 107 y 108). Al respecto, la Corte considera necesario reiterar lo establecido en la Sentencia del caso Hilaire, Constantine y Benjamin, al igual que la del caso Caesar, al referirse a la Sección 6 de la Constitución de Trinidad, cuando determinó que el Estado “no puede invocar las disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales” por lo que “‘la cláusula de exclusión contenida en la Sección 6 de la Constitución de Trinidad y Tobago es incompatible con la Convención”, por lo que ordenó al Estado modificar dicha sección constitucional (supra Considerando 8). Igualmente, la Corte destaca que en el voto de la minoría del Privy Council, se reconoció que el efecto de revertir el precedente del caso Roodal es poner al Estado en una situación de incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Cfr. Privy Council Appeal No. 12 of 2004, Charles Matthew Vs. The State, 7 de julio de 2004 (Anexo al escrito presentado por la Comisión el 12 de julio de 2004, folio 135). 33 Al respecto, el Privy Council determinó que, ante la expectativa de un grupo de personas de que se les aplicara el criterio del caso Roodal, sería una sanción cruel que el derecho con el que contaban previamente les fuera removido. No obstante, dicho criterio no le aplicaría a aquellas personas condenadas con posterioridad a la sentencia del caso Matthew. Cfr. Privy Council Appeal No. 12 of 2004, Charles Matthew Vs. The State, 7 de julio de 2004 (Anexo al escrito presentado por la Comisión el 12 de julio de 2004, folios 109, 115 y 116). 34 Cfr. Nota de Prensa del diario The Trinidad Guardian, State forced to hold hand on hanging, 14 de junio de 2005 (Anexo al escrito presentado por la Comisión el 15 de agosto de 2005, folio 157).