10 segregación de los niños y jóvenes en situación de calle y “bajo sospecha” de pertenecer a una mara, y la política de “cero tolerancia” del Estado, entre otras. Según datos de 2003, en Honduras el 50.4% de la población era menor de 18 años de edad. El 66% de niños y niñas entre 0 y 14 años de edad se encuentran bajo la línea de pobreza. Pese al importante andamiaje jurídico con que cuenta el Estado, en el que reconoce el interés superior del niño, no se ha logrado en la práctica mejorar la situación general de la infancia y la juventud hondureña, ya que se carece de políticas y planes rectores en la materia. b) Carlos Tiffer-Sotomayor, abogado La violencia actual en Centroamérica es resultado de un largo proceso estructural vinculado con problemas de índole social, económico y político-militar. En los últimos años se ha expandido un fenómeno de violencia juvenil, que en el caso de Honduras ha alcanzado el nivel de pandillas juveniles. Dichas pandillas con frecuencia se ven involucradas en actividades ilegales como consumo de drogas, actos de violencia con otras pandillas y comisión de delitos contra la propiedad, como robos y hurtos, y en algunos casos una delincuencia relacionada con delitos contra la vida, la libertad sexual, el narcotráfico o los secuestros extorsivos. Sin embargo, no es cierto que el factor de la niñez y adolescencia sea el determinante en un fenómeno de inseguridad. Además, habría que agregar la importante diferencia entre la verdadera cifra de criminalidad y el fenómeno de la percepción de la ciudadanía sobre el crimen y sobre la seguridad o inseguridad en una sociedad. Esta diferencia entre percepción y realidad se encuentra generada por algunos medios de comunicación que exacerban los temores de la población, en cuanto a la violencia y la inseguridad que generan las llamadas pandillas juveniles. En Honduras la respuesta estatal tiene una acentuación en la represión, no sólo institucional sino incluso privada, que busca eliminar la violencia con más violencia, configurando una política pública completamente equivocada. La verdadera seguridad ciudadana se logra con una sólida seguridad social. La violencia tiene una estructura social en forma de espiral, es decir, si ante una reacción violenta se responde con más violencia, es seguro y probable que se tenga una violencia mayor. Cuando esta represión va enfocada hacia niños y adolescentes, la problemática y la dimensión de la respuesta violenta son mayores, pues ellos incorporan la violencia como patrones culturales, por lo que serán adultos también violentos. Las políticas públicas debían ser orientadas a políticas sociales y, especialmente, educativas. A su vez, la mejor política criminal debe de ser una buena política social, especialmente al tratarse de las pandillas juveniles o maras. La política criminal orientada sólo a la represión está condenada al fracaso. La estigmatización que sufren los niños y adolescentes los convierten de victimarios a víctimas, y produce un fenómeno de exclusión tanto por parte de la población como mediante una auto exclusión. Al ser percibidos como los responsables de la inseguridad ciudadana, ellos mismos incorporan esta percepción y se consideran fuera de la sociedad. Dicha estigmatización acentuará la estratificación y las diferencias de clases sociales. Es necesaria la elaboración de una política pública de niñez y adolescencia que considere la prevención, antes que la represión, y un preponderante fin educativo, que minimice la intervención estatal y que flexibilice y diversifique la reacción penal, y que ofrezca mayor reflexión y un análisis multidisciplinario. Medidas concretas son necesarias, tales como priorizar la política social junto con estudios de costos de la violencia, redistribución de la riqueza y ofrecer a todos un mejor nivel laboral y facilidad de recreación sana para los jóvenes.