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alegan cometieron los cuerpos de seguridad.
Dicha situación se mantiene hasta la
actualidad, pese a la transición al mando civil. Existe un alto número de denuncias contra
diferentes autoridades y contra las Fuerzas Armadas por abusos de autoridad, uso excesivo
de la fuerza, agresiones físicas, detenciones ilegales, así como por homicidios.
En el año 2002 el Comisionado de Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza, presentó un
informe que acusa al Estado y en particular, a las fuerzas policiales de organizar y/o tolerar
“escuadrones de la muerte” bajo esquemas similares a los aplicados durante las
desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en los años ochenta, por existir una
campaña de “limpieza social” o “profilaxis social”. En el año 2003 la Jefa de Asuntos de la
Secretaría de Seguridad, sorprendió a todos los hondureños al denunciar públicamente que
oficiales y agentes de policía estarían involucrados en actividades del crimen organizado
como robo de vehículos, narcotráfico y particularmente en la detención ilegal, tortura y
muerte extrajudicial de adultos “delincuentes” y de cientos de niños y jóvenes a los que se
les vinculaba a actividades delictivas y de pertenecer a una mara o pandilla juvenil. En los
últimos tiempos es claro el fomento (caso de Comités de Seguridad Ciudadana y de
legislaciones como la reforma al artículo 332 mal llamada ley “antimaras”) y la tolerancia
(policías involucrados en ejecuciones extrajudiciales y la alta impunidad de las
investigaciones) a la existencia de patrones de “limpieza social”, siendo ahora sus
principales víctimas los adolescentes y jóvenes pandilleros.
Los jóvenes suelen ser, en forma cotidiana, víctimas y victimarios de hechos violentos que
desencadenan en lesiones y muertes. La delincuencia y la violencia se han convertido en
fenómenos prácticamente inseparables, sean las causas que fueren, se ha comprobado que
la mayor cantidad de muertes violentas son de adolescentes y jóvenes. Los datos en
general, señalan que en Honduras en los últimos tres años han perdido la vida
violentamente casi 14,000 personas. Las estadísticas informan que en una gran proporción
de las víctimas de violencia son hombres jóvenes de 16 a 35 años de edad. Los agresores
también son mayormente hombres jóvenes. Estudios afirman que la participación de niños
en actividades delictivas no es mayor del 18% en más de dos décadas.
Las violaciones al derecho a la vida de niños y jóvenes en Honduras tienen su máxima
expresión en las ejecuciones sumarias que vienen ocurriendo en el país desde inicios de los
años noventa, pero que comenzaron a atraer mayor atención pública a finales de esa
década. La niñez y la juventud hondureña, especialmente la pobre, vive en contextos
violentos, en que ellos y ellas son las principales víctimas de una guerra donde las
autoridades, los adultos, la sociedad en general y la misma juventud son protagonistas
activos del exterminio de cientos de niños, adolescentes y jóvenes asesinados como
consecuencia de la estigmatización de ser miembro de una mara o pandilla. Datos de la
oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos señalan que de las muertes
contabilizadas en el año 2001, en el 54.9% de los casos no se conocen los autores, número
que permite inferir que las mismas son planeadas y llevadas a cabo con premeditación y en
un ambiente de encubrimiento de los autores.
Las maras o pandillas no son un fenómeno nuevo en Honduras. Las maras están más
conectadas con el crimen organizado, porque la política de limpiar las calles ha llevado a
muchos miembros a unirse a traficantes de drogas por protección. Las pandillas son
calificadas como una respuesta violenta a la violencia estatal de que han sido objeto sus
miembros a través de la exclusión y del abandono.
Las principales providencias adoptadas por el Estado para enfrentar el problema de la
delincuencia juvenil estereotipada en las pandillas o maras han sido el incremento de
aprehensiones administrativas a partir de los años noventa, lo que ha generado la