Los hechos del caso se relacionan con la detención ilegal y arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes del defensor de derechos humanos Lysias Fleury -quien formaba parte de la organización Comisión Episcopal Nacional de Justicia y Paz-, por parte de agentes de la Policía Nacional, así como la falta de debida diligencia en la investigación de los hechos y la denegación de justicia en perjuicio de él y sus familiares.

La Corte IDH ubicó los hechos en un contexto de polarización política, inseguridad pública y deficiencias institucionales en Haití en el cual la Policía Nacional estaba implicada en casos de abusos de poder y otras actividades criminales, llevando adelante una práctica constante de detenciones ilegales y malos tratos.

La Corte IDH aplicó estándares sobre detención ilegal y arbitraria y consideró las condiciones de su detención como actos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Asimismo destacó la obligación estatal referida a la protección y reconocimiento del papel que cumplen los/as defensores/as de derechos humanos como garantes contra la impunidad y su relación con la libertad de asociación. Finalmente la Corte IDH elaboró estándares sobre el derecho de circulación y residencia como consecuencia de la limitación de facto que afectó Lysias Fleury como consecuencia de la impunidad en que quedaron los hechos.