requerimientos mínimos8 (supra Visto 3), de acuerdo a las recomendaciones existentes entonces disponibles, para que el Estado los tomara en cuenta al implementar las medidas de protección de tales derechos desde su especial posición de garante. 3. La presente Resolución tiene por objeto supervisar la implementación de las medidas provisionales, así como pronunciarse sobre la solicitud del Estado de su levantamiento (infra Considerando 58) y la solicitud de las representantes sobre su ampliación a otros centros de recepción migratoria de la provincia de Darién, adicionales a La Peñita y Lajas Blancas (infra Considerando 59). 4. La Corte estima necesario aclarar que en las consideraciones que efectuará sobre la implementación de su resolución de medidas provisionales adoptada en julio de 2020, hará referencia a la Estación de Recepción Migratoria de San Vicente, así como a la comunidad de recepción de Bajo Chiquito, que no fueron incluidas en dicha resolución. Ello se debe a que, al informar sobre la implementación de las medidas provisionales, el Estado ha incluido información sobre la situación en esos lugares. Además, la Corte se pronunciará sobre la solicitud de las representantes de ampliar la protección a estos centros (infra Considerando 59). De la información aportada se desprende que con el cierre de la Estación Migratoria La Peñita (infra Considerando 9), la población migrante que ingresa a Panamá por la región del Darién estaría en la actualidad repartida, fundamentalmente, entre las estaciones migratorias de Lajas Blancas y de San Vicente, así como que a la comunidad receptora de Bajo Chiquito arriba una importante cantidad de personas que ingresan a través de la frontera colombo-panameña. En Bajo Chiquito son recibidas por las autoridades del Servicio Nacional de Fronteras (en adelante “SENAFRONT”), quienes realizan los procedimientos de registro e identificación previo a su traslado a los otros centros de recepción migratoria. 5. La Corte valorará la información recibida durante la audiencia pública de 6 de mayo de 2021 (supra Visto 7), así como la presentada de forma escrita previo a la audiencia y con posterioridad a la misma, tanto por las partes y la Comisión Interamericana, como por la Defensoría del Pueblo de Panamá. 6. La información de la Defensoría del Pueblo (supra Considerando 5 y Vistos 7 y 9) será valorada por el Tribunal como “otra fuente de información” que le permita apreciar “la gravedad y urgencia de la situación y la eficacia de las medidas”, conforme lo dispuesto en el artículo 27.8 del Reglamento de la Corte 9, y se entiende que esta información es distinta a la que brinda el Estado en su carácter de parte. Al respecto, la Corte recuerda que en la Resolución de adopción de medidas provisionales de julio de 2020 destacó la importancia de que el Estado “[g]arantiza[ra] el acceso a las Estaciones de Recepción Migratoria de la Defensoría del Pueblo y de otros mecanismos independientes de monitoreo, así como de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil”. Por ello, resulta de particular relevancia el trabajo específico efectuado por la Defensoría a través de sus constataciones en terreno al visitar las estaciones de recepción migratoria en el Darién. Cfr. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Medidas Provisionales, supra nota 3, Considerando 35. “En las circunstancias que estime pertinente, la Corte podrá requerir de otras fuentes de información datos relevantes sobre el asunto, que permitan apreciar la gravedad y urgencia de la situación y la eficacia de las medidas. Para los mismos efectos, podrá también requerir los peritajes e informes que considere oportunos”. 8 9 -4-

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