requerimientos mínimos8 (supra Visto 3), de acuerdo a las recomendaciones existentes
entonces disponibles, para que el Estado los tomara en cuenta al implementar las
medidas de protección de tales derechos desde su especial posición de garante.
3.
La presente Resolución tiene por objeto supervisar la implementación de las
medidas provisionales, así como pronunciarse sobre la solicitud del Estado de su
levantamiento (infra Considerando 58) y la solicitud de las representantes sobre su
ampliación a otros centros de recepción migratoria de la provincia de Darién, adicionales
a La Peñita y Lajas Blancas (infra Considerando 59).
4.
La Corte estima necesario aclarar que en las consideraciones que efectuará sobre
la implementación de su resolución de medidas provisionales adoptada en julio de 2020,
hará referencia a la Estación de Recepción Migratoria de San Vicente, así como a la
comunidad de recepción de Bajo Chiquito, que no fueron incluidas en dicha resolución.
Ello se debe a que, al informar sobre la implementación de las medidas provisionales, el
Estado ha incluido información sobre la situación en esos lugares. Además, la Corte se
pronunciará sobre la solicitud de las representantes de ampliar la protección a estos
centros (infra Considerando 59). De la información aportada se desprende que con el
cierre de la Estación Migratoria La Peñita (infra Considerando 9), la población migrante
que ingresa a Panamá por la región del Darién estaría en la actualidad repartida,
fundamentalmente, entre las estaciones migratorias de Lajas Blancas y de San Vicente,
así como que a la comunidad receptora de Bajo Chiquito arriba una importante cantidad
de personas que ingresan a través de la frontera colombo-panameña. En Bajo Chiquito
son recibidas por las autoridades del Servicio Nacional de Fronteras (en adelante
“SENAFRONT”), quienes realizan los procedimientos de registro e identificación previo a
su traslado a los otros centros de recepción migratoria.
5.
La Corte valorará la información recibida durante la audiencia pública de 6 de
mayo de 2021 (supra Visto 7), así como la presentada de forma escrita previo a la
audiencia y con posterioridad a la misma, tanto por las partes y la Comisión
Interamericana, como por la Defensoría del Pueblo de Panamá.
6.
La información de la Defensoría del Pueblo (supra Considerando 5 y Vistos 7 y 9)
será valorada por el Tribunal como “otra fuente de información” que le permita apreciar
“la gravedad y urgencia de la situación y la eficacia de las medidas”, conforme lo
dispuesto en el artículo 27.8 del Reglamento de la Corte 9, y se entiende que esta
información es distinta a la que brinda el Estado en su carácter de parte. Al respecto, la
Corte recuerda que en la Resolución de adopción de medidas provisionales de julio de
2020 destacó la importancia de que el Estado “[g]arantiza[ra] el acceso a las Estaciones
de Recepción Migratoria de la Defensoría del Pueblo y de otros mecanismos
independientes de monitoreo, así como de las organizaciones internacionales y de la
sociedad civil”. Por ello, resulta de particular relevancia el trabajo específico efectuado
por la Defensoría a través de sus constataciones en terreno al visitar las estaciones de
recepción migratoria en el Darién.

Cfr. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Medidas Provisionales, supra nota 3, Considerando 35.
“En las circunstancias que estime pertinente, la Corte podrá requerir de otras fuentes de información
datos relevantes sobre el asunto, que permitan apreciar la gravedad y urgencia de la situación y la eficacia de
las medidas. Para los mismos efectos, podrá también requerir los peritajes e informes que considere
oportunos”.
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