Los hechos del caso se refieren a la detención ilegal y tortura de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, ocurrida el 6 de junio de 1997, así como también a la falta de garantías en el proceso del cual resultaron condenados. La tortura a que fueron sometidos proyectó sus efectos en sus primeras declaraciones en las que se autoinculparon de ciertos delitos.

El caso resultó en un acuerdo de solución amistosa por el cual Estado reconoció su responsabilidad internacional por los hechos, y que fue homologado por la Corte IDH.