-10Considerandos 19 y 20), y ha dado pasos en lo que respecta a su disponibilidad y difusión (supra Considerandos 20). Para poder valorar el cumplimiento total de la presente medida, la Corte considera pertinente solicitar al Estado presentar información actualizada respecto de: (i) la publicación de la cartilla en la página web del Ministerio de Salud y Previsión Social; (ii) la distribución de la cartilla para asegurar la disponibilidad a pacientes y personal médico (supra Considerando 20); (iii) la difusión de la cartilla a la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones de la sociedad civil, y iv) sobre la reimpresión y distribución de la cartilla en los años 2019 y 2020 (supra Considerando 21). C. Programas de educación y formación dirigidos a profesionales del sistema de salud y seguridad social C.1. Medida ordenada por la Corte 23. En el punto resolutivo décimo segundo y en el párrafo 342 de la Sentencia, la Corte ordenó al Estado el deber de “adoptar programas de educación y formación permanentes dirigidos a los estudiantes de medicina y profesionales médicos, así como a todo el personal que conforma el sistema de salud y seguridad social, sobre temas de consentimiento informado, discriminación basada en género y estereotipos, y violencia de género”. C.2. Consideraciones de la Corte 24. El Estado, en su informe de diciembre de 2017, indicó que “el Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación, comunicó a través de la Asociación Nacional de Universidades Privadas el contenido de la Sentencia […] a efectos de que éstas entidades académicas realicen las acciones encaminadas a cumplir la disposición décimo segunda de la Sentencia…”. El Viceministro de Educación Superior, en carta enviada a la Procuraduría General del Estado, informó a dicha Procuraduría que “es[a] Cartera de[l] Estado ha impetrado que las 39 Universidades Centrales, así como las 41 Subsedes Académicas del Sistema Privado, realicen las acciones en cuanto refiere la [S]entencia…”35. En cuanto a las universidades públicas, el Estado informó que el “Secretario Ejecutivo Nacional de[l Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, instancia a nivel nacional que representa a todas las universidades públicas de Bolivia], comunicó a las universidades que adopten programas de educación y formación permanentes en temas de consentimiento informado, discriminación basada en género y estereotipos y violencia de género; destinados a estudiantes de medicina, profesionales médicos y, a todo el personal que conforma el Sistema de Salud y de Seguridad Social”36. Por otro lado, el Estado enfatizó que el “Comité 35 Cfr. Nota del Viceministro de Educación Superior del Ministerio de Salud dirigida a la Procuraduría General del Estado de 4 de diciembre de 2017 (Anexo 19 al informe presentado por el Estado el 22 de diciembre de 2017). 36 El Estado aportó once notas de parte del Secretario Ejecutivo Nacional, dirigidas a las autoridades de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca, de la Universidad Mayor de San Simón, de la Universidad Autónoma “Tomás Frías”, de la Universidad Técnica de Oruro, de la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”, de la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”, de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”, de la Universidad Amazónica de Pando, de la Universidad Pública de El Alto, de la Universidad Nacional Siglo XX y de la Universidad Mayor de San Andrés, en las que se lee que “[c]on el fin de que las instancias académicas correspondientes, puedan adoptar programas de educación y formación permanentes dirigidos a los estudiantes de medicina y profesionales médicos, así como a todo el personal que conforma el sistema de salud y seguridad social, sobre temas de consentimiento informado, discriminación basada en género y estereotipos y violencia de género […a]djunto a la presente me permito remitir a usted […] el documento completo y el resumen oficial del caso I.V. vs Bolivia, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ‘Caso I.V.’” Cfr. Anexo 20 al informe presentado por el Estado el 22 de diciembre de 2017.