Los hechos del caso se refieren a las violaciones de derechos humanos cometidas contra las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, departamento del Chocó, como consecuencia de la denominada “Operación Génesis” a cargo de fuerzas militares de Colombia y realizada entre el 24 y 27 de febrero de 1997, y que ocasionó la muerte de Marino López Mena y el desplazamiento forzado de cientos de personas.

Estos hechos se enmarcan en el contexto del conflicto armado en Colombia, especialmente en el marco de extrema violencia de la región del Urabá, donde los grupos ilegales buscaban su movilidad por las riberas de los ríos para el tráfico de armas y drogas ilícitas, la expansión y control territorial de los grupos paramilitares y su accionar conjunto con las fuerzas militares del Estado.

La Corte IDH reiteró su jurisprudencia respecto de la responsabilidad del Estado por las acciones de las fuerzas militares estatales realizadas de manera conjunta con grupos paramilitares, y reafirmó su facultad y la necesidad de interpretar el alcance de las obligaciones convencionales a la luz de la normativa del derecho internacional humanitario. La Corte IDH estableció la responsabilidad estatal por el desplazamiento forzado de cientos de personas y la violación al derecho de circulación y residencia, determinando que este derecho se violó por el incumplimiento de las obligaciones de garantizar la asistencia humanitaria y el retorno seguro de las personas desplazadas.

La Corte IDH también hizo referencias a los derechos de niños y niñas en relación con la obligación especial de protección en el marco de un conflicto armado no internacional. Asimismo, desarrolló estándares respecto del contenido del derecho a la propiedad privada y colectiva.