-3-

CONSIDERANDO:
1.
Que es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte el
supervisar el cumplimiento de sus decisiones.
2.
Que Guatemala es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) desde el 25 de
mayo de 1978 y reconoció la competencia de la Corte el 9 de marzo de 1987.
3.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Convención
Americana, las sentencias de la Corte deben ser prontamente cumplidas por el
Estado en forma íntegra. Asimismo, el artículo 68.1 de la Convención Americana
estipula que “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la
decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”1.
*

*

*

4.
Que mediante Resolución de 14 de junio de 2005 (supra Visto 4) la Corte
decidió mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento del punto
resolutivo octavo de la Sentencia de fondo y del punto resolutivo octavo de la
Sentencia de reparaciones y costas, relativos a la obligación del Estado de investigar,
juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos
declaradas por el Tribunal.
5.
Que el Estado manifestó que “se llevó a cabo un proceso judicial donde se
agotaron los procedimientos de la jurisdicción interna”. En concreto, “[e]l 26 de
diciembre de[…] 1991, el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal […] absolvió
por falta de pruebas a [tres] sindicados del delito de homicidio de los niños [víctimas
del caso. La] Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones […] confirmó el fallo [y] dejó
abierto el procedimiento en contra de [otro sindicado.] El 24 de febrero de 1997, el
Ministerio Público solicitó […] el sobreseimiento del proceso debido a que el sindicado
[…] falleció el 21 de marzo de 1995”.
6.
Que los representantes indicaron que “los hechos que dieron origen al
presente caso permanecen impunes, por lo que Guatemala sigue sin satisfacer la
totalidad de sus obligaciones […]. En su informe, el Estado se refiere […] a aspectos
del proceso interno sobre los que la Honorable Corte ya se ha pronunciado […].
Desde la emisión de la [S]entencia no se ha juzgado y sancionado a uno solo de los
perpetradores. Así, la negligencia de las autoridades […] ha permitido que […] los
responsables […] permanezcan en la impunidad[. E]l Estado [debe hacer] una
revisión del expediente judicial que se tramitó y a partir del cual se decretó la
liberación de todos los imputados […] para […] analizar posibilidades de nuevas
acusaciones […]. El Estado también debe determinar la responsabilidad de los
1
Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de
2003. Serie C No. 104, párr. 60; Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento
de Sentencia, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de agosto de 2008,
Considerando séptimo, y Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia,
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de agosto de 2008, Considerando
tercero.

Select target paragraph3