la fecha para su realización. De igual manera, a fin de contribuir a despertar la conciencia para
prevenir y evitar la repetición de hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso320, la Corte
ordena al Estado difundir dicho acto a través de los medios de comunicación de la manera más amplia
posible, incluyendo la difusión en la radio, televisión abierta y de alcance nacional, y redes sociales.
D. Garantías de no repetición
192. La Comisión solicitó que la Corte ordene al Estado adoptar medidas legislativas,
administrativas y de otra índole, para asegurar la debida capacitación de los funcionarios y
funcionarias que entran en contacto con (a) denuncias de violencia sexual en perjuicio de niñas y
adolescentes, (b) su investigación, y (c) su enjuiciamiento, a fin de llevar a cabo sus funciones con
perspectiva de género y niñez, y conforme a los estándares interamericanos.
193. Los representantes solicitaron que la Corte ordene a Bolivia i) realizar una estrategia nacional
“amplia, holística y transformadora” que incluya al menos (a) reformas legislativas relacionadas con
la modificación del tipo penal de violación y abuso sexual de manera que incluyan el elemento del
consentimiento, (b) políticas y mecanismos nacionales sobre violencia sexual, diseñados por redes y
comisiones intersectoriales con el fin de aplicarlos en todos los departamentos de gobierno, (c) la
recopilación de datos de niños y niñas víctimas de violencia sexual, de manera tal que se indique
cuántos casos son incestuosos, cuántos se denuncian ante las autoridades, cuántos se investigan,
cuántos autores son acusados, cuántos casos se enjuician y los resultados de esos juicios, (d)
mecanismos de prevención para comprender y abordar las construcciones sociales y la cultura de la
impunidad que permiten que continúe la violencia sexual contra las niñas y adolescentes,
concretamente el incesto y, para acabar con los estereotipos sexistas y las relaciones patriarcales
que ponen en peligro la integridad corporal de las niñas, (e) esfuerzos de protección que incluyan
aspectos como la garantía de que los servicios de apoyo existentes contarán con recursos adecuados,
y que el personal recibirá la capacitación de instructores certificados internacionalmente para que
puedan responder de manera adecuada y sensible a los niños, niñas y adolescentes que soliciten
ayuda, (f) directrices basadas en datos empíricos, que incorporen las prácticas internacionales, así
como un programa de formación continua y obligatoria de instructores certificados
internacionalmente para todos los agentes del sector de la justicia que respondan o se relacionen
con niños, niñas y personas adolescentes víctimas de violencia sexual, con especial atención al
incesto, (g) directrices sobre las entrevistas forenses y los exámenes médicos forenses, (h) la gestión
integrada de los casos de violencia sexual, (i) la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil
y de las voces de los supervivientes de violencia sexual en el desarrollo, aplicación, supervisión y
mejora de una estrategia nacional, (j) la estandarización de los programas de educación y
concienciación pública sobre el incesto, y (k) servicios psicológicos, médicos y jurídicos accesibles a
los niños y niñas víctimas de violencia sexual y sus familias, en particular el incesto.
194. El Estado rechazó las solicitudes planteadas. Indicó que, de forma progresiva, viene
implementando políticas públicas y medidas legislativas, institucionales y administrativas, para
luchar contra la violencia sexual y promover los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Adicionó que lo anterior también se ha acompañado de capacitaciones a los servidores públicos del
Ministerio Público, la Policía, el órgano judicial y otros que puedan entrar en contacto con denuncias
de violencia sexual en perjuicio de aquellos. Respecto a las reformas legislativas, señaló que la
obligación estatal de adoptar su normativa interna se debe enmarcar en el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, no en requerimientos personales. Al respecto, advirtió que no se identificó
ni justificó que la legislación penal vigente sea contraria a los tratados internacionales suscritos por
Bolivia. Finalmente, recordó que Bolivia ya ha modificado su legislación penal, en tanto que
incrementó las penas de aquellos delitos donde las víctimas son niñas, niños y adolescentes.
320
Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de
2006. Serie C No. 160, párr. 445, y Caso Aroca Palma y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 136.
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