judicial en su mayoría están enfocados en la violencia de género y contra la mujer y estándares internacionales en materia de derechos humanos, sin especificar las situaciones de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y que no han sido dictados a todas las personas involucradas con el tratamiento de casos de violencia sexual contra personas menores de edad329. Adicionalmente, el Tribunal advierte que el Ministerio Público ha adoptado una serie de programas de capacitación para servidores del Ministerio Público sobre derechos humanos y atención de víctimas de violencia sexual, y observa que entre ellas se han incluido algunas capacitaciones sobre atención a víctimas de violencia sexual menores de edad. Por otra parte, el Tribunal observa que el Estado de Bolivia presentó información sobre medidas de salud existentes para la atención de víctimas de violencia en la familia o doméstica. Particularmente, el Estado informó que la Ley 2033 de 1999, prescribe el derecho de las víctimas de violencia sexual a “recibir atención de urgencia, material y médica por los hospitales estatales y centros médicos” y “recibir tratamiento postraumático, psicológico y terapia sexual gratuito, para la recuperación de su salud física y mental en los hospitales estatales y centros médicos”. Sin embargo, la Corte nota que el Estado no presentó información sobre las medidas adoptadas para implementar dicha legislación de manera efectiva. 210. En virtud de lo anterior, y considerando la necesidad de que todas las y los funcionarios públicos que trabajen con temáticas de violencia sexual reciban capacitación suficiente y adecuada, este Tribunal estima que el Estado debe adoptar e implementar capacitaciones y cursos, de carácter permanente, para funcionarios públicos que por su función en el sistema de administración de justicia trabajen con temáticas de violencia sexual; en particular, los funcionarios pertenecientes al Poder Judicial y al Ministerio Público. Dichas capacitaciones y cursos deben versar sobre estándares de debida diligencia en la investigación de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como su erradicación y las medidas de protección a adoptar. Asimismo, en las capacitaciones debe incluirse el incesto y las circunstancias en que este agravante se configura. Además, las capacitaciones deberán basarse en los criterios establecidos en la presente Sentencia, los cuales se corresponden con el contenido de los protocolos estandarizados ordenados por esta Corte (supra párrs. 204 a 207), en la jurisprudencia del Tribunal en relación con la violencia de género y protección de los derechos de la niñez, así como en los estándares internacionales en la materia. Las capacitaciones deberán impartirse desde una perspectiva de género y de protección de la niñez, tendiente a la deconstrucción de estereotipos de género y falsas creencias en torno a la violencia sexual, para asegurar que las investigaciones y enjuiciamientos de estos hechos se realicen de acuerdo con los más estrictos estándares de debida diligencia. 211. De considerarlo conveniente, el Estado podrá acudir a organizaciones como la Comisión Interamericana de Mujeres o el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, a fin de que tales entidades brinden asesoramiento o asistencia que pudiere resultar de utilidad en el cumplimiento de la medida ordenada. Asimismo, en concordancia con señalamientos del Comité de los Derechos del Niño, la Corte destaca la importancia de la participación de las niñas y niños en la formulación de las políticas públicas de prevención330. 212. Asimismo, la Corte ordena al Estado que adopte e implemente capacitaciones y cursos, de carácter permanente, dirigidas a médicos/as forenses y demás personal del Instituto Investigaciones 329 El Estado señaló que ha adoptado medidas en el órgano ejecutivo (Programa Integral de Lucha contra la Violencia Sexual); en el órgano judicial (cursos sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, sobre la normativa interna y sobre temas de género); en el Ministerio Público (cursos relacionados con temas de capacitación general del personal y relativos a protección a víctimas y testigos y socialización de protocolos relacionados con delitos de violencia sexual y violencia de género); en la Policía boliviana (instrumentos sobre lucha contra la violencia contra la mujer), y en el Ministerio de Salud (documentos técnico-normativos sobre atención clínica y a víctimas de violencia sexual, a la continuación del curso de la vida, modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual, valoración de víctimas de violencia sexual – metodología de recojo, custodia y procesamiento de evidencias). Cfr. Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia de 9 de marzo de 2013 (expediente de prueba, folios 521 a 530), y Código Niña, Niño y Adolescente de 17 de julio de 2014 (expediente de prueba, folios 1310 a 1317). 330 Cfr. Comité de los Derechos del Niño. Observación General No. 13, supra, párr. 39. 67

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