182. La Corte declaró en la presente Sentencia, inter alia, que el Estado incumplió el deber de investigar con la debida diligencia reforzada y estricta que le correspondía en un caso de violencia sexual perpetrada contra una niña, terminando por revictimizar a la víctima, y permitiendo que el caso se quedara en una situación de absoluta impunidad. La Corte toma en consideración que, tras la realización de la audiencia pública del presente caso, el Estado informó que, el 21 de febrero de 2022, E.G.A. fue capturado con fines de extradición en territorio colombiano. Sin embargo, el 2 de septiembre de 2022 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió cancelar la orden de captura en contra de E.G.A. debido a “la prescripción de la acción penal a la luz de la normatividad colombiana”316 y se ordenó su libertad inmediata. 183. Este Tribunal manifiesta su profunda preocupación por las fallas en la investigación y juzgamiento de los hechos que llevaron a que, debido al paso del tiempo, el presente caso quede en la impunidad. En este sentido, reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra la mujer propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra la mujer puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Adicionalmente, recuerda que las niñas, están bajo una situación de especial vulnerabilidad de ser víctimas de violaciones de derechos humanos y que dicha vulnerabilidad puede verse enmarcada y potenciada, debido a factores de discriminación histórica que han contribuido a que las mujeres y niñas sufran mayores índices de violencia sexual, especialmente en la esfera familiar. La Corte considera que la ineficacia, indiferencia y los obstáculos en el acceso a la justicia son discriminatorios, puesto que no permiten que mujeres y niñas ejerzan el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad317. 184. La Corte reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada. Esto favorece la perpetuación de la violencia de género y su aceptación social, así como el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres y su persistente desconfianza en el sistema de administración de justicia318. 185. En las circunstancias de este caso, la Corte estima pertinente ordenar al Estado que mantenga abierto el proceso penal e impulse la investigación del caso si hubiere cualquier cambio de circunstancia que lo permita. 186. Por otro lado, este Tribunal estableció que distintas autoridades estatales a cargo de la investigación y el juzgamiento contribuyeron con la revictimización de Brisa, por medio de la realización de exámenes forenses, de interrogatorios repetitivos, de preguntas y comentarios inadecuados y que contenían estereotipos de género, entre otros actos. Por lo tanto, la Corte considera pertinente ordenar al Estado que adopte todas las medidas necesarias para, dentro de un plazo razonable, determinar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, las eventuales responsabilidades de los y las funcionarias que contribuyeron con su actuación a la comisión de actos de revictimización y eventuales irregularidades procesales en perjuicio de Brisa y, en la medida que corresponda, aplicar las consecuencias que la ley pudiera prever. Cfr. Decisión emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia el 2 de septiembre de 2022 (expediente de prueba, folios 12077 a 12088). 316 317 Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua, supra, párrs. 156 y 291. Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, supra, párrs. 388 y 400, y Caso Barbosa de Souza y otras Vs. Brasil, supra, párr. 125. 318 60

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