Los hechos del caso se refieren al asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, en represalia a las denuncias que realizara entre 1995 y 1998 sobre la connivencia entre el Ejército Nacional y el paramilitarismo.

La Corte IDH reiteró que al haber propiciado la creación de los grupos de autodefensa, el Estado colombiano creó objetivamente una situación de riesgo para sus habitantes. Asimismo destacó la especial afectación que sufren defensores y defensoras de derechos humanos como consecuencia de su tarea de denuncia de las violaciones de derechos cometidas por paramilitares y miembros de la fuerza pública.

Adicionalmente, al evaluar la razonabilidad del plazo en relación con la obligación de investigar, la Corte IDH incluyó el criterio de afectación generada en la situación de las víctimas sobrevivientes por la duración del proceso.