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violaciones se habrían producido en perjuicio del señor Luis Alberto Cantoral
Benavides por la privación ilegal de su libertad seguida de su retención y
encarcelamiento arbitrarios, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violación a las
garantías judiciales y doble enjuiciamiento con base en los mismos hechos. En el
escrito de alegato final, la Comisión agregó la supuesta violación de los artículos
8.2.c), 8.5 y 9 de la Convención Americana y 6 de la Convención Interamericana
contra la Tortura.
II
COMPETENCIA
2.
La Corte es competente para conocer del presente caso. El Perú es Estado
Parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la
competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. El Perú es, además,
Estado Parte en la Convención Interamericana contra la Tortura desde el 28 de
marzo de 1991.
III
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN
3.
El 18 de abril de 1994 fue interpuesta ante la Comisión Interamericana, por
vía facsimilar, la denuncia correspondiente a los hechos de este caso, y el día 20 de
los mismos mes y año se recibió en la Secretaría de dicha Comisión la denuncia
original.
El 24 de agosto de 1994 la Comisión remitió al Estado las partes
pertinentes de la denuncia, de acuerdo con el artículo 34 de su Reglamento.
4.
El 7 de septiembre de 1994 el Estado solicitó a la Comisión que se inhibiera
de conocer el presente caso porque “había vencido en exceso el término de seis
meses que establece el Artículo 46.1.b) de la Convención Americana”.
5.
El 25 de noviembre de 1994 los peticionarios informaron a la Comisión que
estaba pendiente de resolverse, ante la Corte Suprema de Justicia del Perú, un
recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia del 10 de octubre de 1994 emitida
por el “Tribunal Especial sin rostro del Fuero Común”.
6.
El 15 de febrero de 1995 el Estado afirmó que la Comisión tenía “una
imposibilidad legal” de conocer el caso “en virtud del no agotamiento de los recursos
internos”. El 2 de marzo de 1995 la Comisión, en respuesta al Estado, señaló que no
cabía invocar tal excepción en los supuestos del caso, “en los que una persona que
ya ha sido juzgada y absuelta por un Tribunal Militar por la figura de ‘Traición a la
patria’, se encuentra procesada y en vías de ser juzgada ante el Fuero Común por los
mismos hechos, bajo el rótulo legal del delito de ‘Terrorismo’”.
7.
El 5 de marzo de 1996 la Comisión aprobó el Informe No. 15-A/96. Al día
siguiente la Comisión se puso a disposición de las partes, de conformidad con el
artículo 48.1.f) de la Convención Americana, a efecto de determinar si se podía llegar
a una solución amistosa, por lo que decidió no notificar el Informe hasta que las
partes respondieran a su oferta. Los peticionarios aceptaron someterse al indicado
procedimiento bajo ciertas condiciones. El Estado, por su parte, solicitó el 1 de abril
de 1996 una prórroga para pronunciarse sobre esa posibilidad; sin embargo, a pesar
de haberla obtenido, omitió dar respuesta a la oferta de la Comisión.

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