Los hechos del caso se refieren a la detención por parte de las autoridades migratorias panameñas de Jesús Vélez Loor, de nacionalidad ecuatoriana, y a su posterior condena a una pena privativa de libertad por la comisión de delitos migratorios, sin acceso a un defensor o a su consulado. Durante años, el Sr. Vélez Loor estuvo alojado en cárceles en las que se registraban condiciones inhumanas de detención y donde también sufrió torturas.

La Corte IDH estableció estándares de protección a los migrantes, y determinó que las detenciones por irregularidades migratorias deben ser excepcionales, debiendo la imposición de una pena privativa de la libertad requerir una evaluación individualizada y la posibilidad de utilizar medidas menos restrictivas. La Corte IDH afirmó la especial importancia del derecho a ser asistido por un defensor y la asistencia consular en los procesos judiciales que involucran a migrantes, en tanto se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad que puede agravarse si la persona se encuentra privada de su libertad.

La Corte IDH determinó que las pésimas condiciones de detención existentes en las cárceles en las que fue privado de su libertad el Sr. Vélez Loor constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que el Estado no inició con la debida diligencia una investigación sobre los actos de tortura que lo afectaron.