Los hechos del caso se refieren a privación arbitraria de la vida de José Luis García Ibarra, de 16 años de edad, estudiante que trabajaba como vendedor en un almacén, por parte de un funcionario de la Policía Nacional de la ciudad de Esmeraldas.

La CorteIDH analizó la responsabilidad internacional del Estado por el uso de la fuerza letal, en particular a la luz de los deberes especiales respecto de la niñez. También evaluó la debida diligencia desplegada en la investigación de los hechos, aun existiendo una sentencia condenatoria.