INFORME No. 55/08
PETICIÓN 532-98
ADMISIBILIDAD
TRABAJADORES DESPEDIDOS DE LA EMPRESA
NACIONAL DE PUERTOS S.A. (ENAPU)
PERÚ
24 de julio de 2008
I.

RESUMEN

1.
El 2 de noviembre de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante "la Comisión" o "CIDH") recibió una petición presentada por la
Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU,
(en adelante "los peticionarios") a favor de 25 trabajadores cesados 1 (en adelante “las
presuntas víctimas”) en contra de la República del Perú (en adelante "Perú", "Estado
peruano" o "Estado") en vista de que las 28 presuntas víctimas habían sido despedidas
en el contexto de un proceso de privatización de las empresas del Estado que se habría
fundamentado en una legislación que habría sido manifiestamente violatoria de sus
derechos convencionales. Los peticionarios alegaron que el cese colectivo de
trabajadores se realizó en aplicación de normas legales contrarias a la constitución y
que les impedían ejercer su derecho de defensa frente a la decisión de despido.
2.
En cuanto a sus alegatos de derecho, los peticionarios sostienen que
el Estado del Perú vulneró sus derechos a las garantías judiciales, al principio de
legalidad, a la igualdad ante la ley, y la protección judicial, reconocidos por los
artículos 8, 9, 24, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), en concordancia con la
obligación general de respetar y garantizar los derechos prevista por el artículo 1.1 y el
deber de adoptar medidas de derecho interno previsto por el artículo 2 de dicho
instrumento. En cuanto a los requisitos de admisibilidad, los peticionarios afirman
haber agotado los mecanismos judiciales internos, pero señalan no haber encontrado
protección judicial en las distintas instancias a las que acudieron. Adicionalmente, los
peticionarios señalan que el Estado había reconocido su responsabilidad por las
violaciones alegadas al haber emitido la Ley No. 27803, la cual fue adoptada para
revisar los ceses colectivos efectuados en las Empresas del Estado sujetas a Procesos
de Promoción de la Inversión Privada. Los peticionarios señalaron que, no obstante
dicho reconocimiento, los beneficios que prevé dicha ley no comportan los criterios de
reparación integral establecidos por la jurisprudencia internacional.
3.
El Estado alega que el caso debía ser declarado inadmisible de
conformidad con el artículo 47.a de la Convención, toda vez que la petición había sido
presentada sin dar cumplimiento al requisito del previo agotamiento de los recursos de
la jurisdicción interna, establecido por el artículo 46.a del mismo instrumento. El
Estado argumenta que en los procesos judiciales seguidos en el ámbito interno se
observaron todas las normas y garantías del debido proceso; mismas garantías que
fueron observadas en el proceso de privatización de las empresas públicas y en el
programa de reducción y racionalización de personal de ENAPU S.A. De otro lado, el
1 La petición original señaló a 28 presuntas víctimas. Mediante nota de 13 de febrero de 2006, los
peticionarios informaron a la Comisión que la señora Gloria Cahua Ríos, y los señores César Bravo Garvich y
Ernesto Yovera Álvarez no estaban interesados en continuar con su reclamo ante la CIDH.

1

Select target paragraph3