Los hechos del caso se refieren a la masacre de 251 habitantes -mujeres, hombres, niños y niñas- del Parcelamiento de Las Dos Erres, ocurrida entre los días 6 a 8 de diciembre de 1982 y llevada adelante por miembros del grupo especializado de las Fuerzas Armadas denominados kaibiles. Las investigaciones judiciales fueron iniciadas más de 10 años después de los hechos.

La Corte IDH valoró las actuaciones judiciales a la luz de estándares de debida diligencia, refiriéndose de manera específica al patrón de violencia sexual contra las mujeres en contextos de conflicto armado. Asimismo, focalizó sobre la obligación estatal de protección especial que alcanza a la niñez, en relación con el patrón sistemático de sustracción y retención ilegal de menores de edad perpetrado y tolerado por agentes estatales en la época de los hechos.