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dichas visitas envió una propuesta de medidas de seguridad13 a las y los beneficiarios, y que
tres familias las aceptaron, con lo cual se ha reducido el riesgo. Por último, reiteró su
disposición de llevar a cabo los análisis de riesgo ordenados por este Tribunal, y que por ello
han puesto a consideración de los representantes de las y los beneficiarios algunas fechas
tentativas para la realización de las entrevistas personales. Posteriormente a la audiencia,
el Estado señaló su compromiso con la elaboración de un Plan de Investigación para los
casos de amenazas y hostigamientos o actos de molestia a los beneficiarios, enfatizando
que dentro de las diligencias establecidas se brindaría especial relevancia al contexto en el
que se desarrollaron los hechos. Asimismo, informó que con dicho plan se dio vista a los
representantes de las víctimas a fin de recabar sus observaciones. El Estado remitió a los
representantes propuestas de fechas para que el personal del Mecanismo para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se trasladara a Chihuahua a fin
de explicar la metodología y procedimiento a seguir para la evaluación de la situación de
riesgo de los beneficiarios. Adicionalmente, el Estado manifestó su compromiso a ofrecer el
traslado a la ciudad de Chihuahua a aquellos núcleos familiares que así lo soliciten, quedó a
la espera de su manifestación de voluntad para tal efecto e informó que expuso a los
beneficiarios proyectos concretos14.
16.
Con anterioridad a la celebración de la audiencia, los representantes denunciaron
que el Estado permitió el acceso de un gran número de personas dentro de la estructura
gubernamental a información sensible sobre los beneficiarios, como el domicilio, formas de
acceso a las viviendas y grado de vulnerabilidad de puertas y ventanas, teniendo en cuenta
que en el presente asunto las personas beneficiarias han sido hostigadas, acosadas y
amenazadas por agentes del Estado. Los representantes se refirieron a las visitas técnicas
en los domicilios de los beneficiarios y observaron que con esa visita sólo se estudió la
infraestructura de los mismos, por lo que no puede considerarse que se realizara una
evaluación del riesgo y del contexto. A lo anterior, añadieron que el diagnóstico sobre la
situación de riesgo debería considerar, además del contexto individualizado, otros aspectos
como la tipología de las agresiones o las características de los autores de los delitos.
Durante la audiencia pública, los representantes expresaron su preocupación por la
“inacción del Estado en un caso de medidas provisionales [y que] la indolencia y falta de
medidas de protección […] provocaron que el contexto se agravara”. Los representantes
adujeron que en el Estado de Chihuahua existe una “campaña de descalificaciones
acusándo[los] de mentir”.
17.
Tras la audiencia, los representantes manifestaron, respecto al Plan de
Investigación, que esperan que la agente del Ministerio Público les pueda rendir información
relevante, derivada de las diligencias que se encuentra desarrollando, poniendo énfasis en
los temas relacionados con la búsqueda de testigos que pudieran dar cuenta sobre la
autoría del allanamiento de la casa del beneficiario Jaime Alvarado y Sandra Luz Rueda
Quezada. Los representantes informaron que acordaron con el Estado una reunión
informativa para conocer la metodología y el personal que realizaría los estudios sobre la
valoración de riesgo y sobre esto advirtieron que no se cuenta con un protocolo con
perspectiva de género ni con enfoques diferenciados que atiendan a las particularidades de
las personas que se someten a estudio. Dos de los representantes manifestaron que, debido
a que la situación de inseguridad había aumentado considerablemente en el Ejido Benito
13
De forma general las medidas propuestas fueron la instalación y puesta en operación de: circuitos
cerrados de televisión digital, cámaras de vigilancia digital, cerraduras de alta seguridad, luminaria suburbana
ahorradora, metro lineal de malla ciclónica y de concertina. Específicamente, a la beneficiaria Rosa Olivia Alvarado
Herrera se le propuso la instalación de un sistema de cerca electrificada y metro lineal de cerca electrificada; y a
Patricia Reyes Rueda se le propuso la instalación de un botón de pánico con GPS y ventanas de acero.
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Proyectos relacionados con la costura, tortillería de harina y cocina económica, propuso la capacitación y
asesoramiento del proyecto y verificación de la viabilidad del mismo.