3
8.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1.f del Reglamento, la “eventual
designación de peritos” podrá ser efectuada por la Comisión Interamericana “cuando se
afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos”,
cuyo fundamento y objeto tienen que ser adecuadamente sustentados 4. El sentido de esta
disposición hace de la designación de peritos por parte de la Comisión un hecho
excepcional, sujeto a ese requisito, que no se cumple por el solo hecho de que la prueba
que se procura producir tenga relación con una alegada violación de derechos humanos.
9.
El Presidente estima que los objetos de los peritajes de las señoras Paloma Soria
Montañez y Christine Mary Chinkin trascienden los intereses específicos de las partes en el
proceso y pueden tener impacto sobre situaciones que se presentan en otros Estados Partes
de la Convención 5, de modo tal que generan un interés relevante al orden público
interamericano de derechos humanos. En este sentido, el peritaje de la señora Soria
Montañez, relativo al análisis de la responsabilidad internacional del Estado y el deber de
garantía en contextos estructurales de violencia contra las mujeres, y el peritaje de la
señora Chinkin, relativo a los estándares internacionales que determinan la relación
existente entre violencia contra la mujer, impunidad y discriminación, así como las
obligaciones especiales que tiene un Estado ante la existencia de un contexto de
discriminación y violencia contra la mujer, pueden contribuir al fortalecimiento de las
capacidades de protección e investigación del sistema interamericano de derechos humanos
en casos de violencia contra mujeres y niñas.
10.
En cuanto a las observaciones del Estado de que los peritajes propuestos serían
innecesarios porque el Tribunal ya conoce esta materia y porque ambos versarían sobre lo
mismo, el Presidente recuerda que es necesario procurar la más amplia presentación de
pruebas por las partes en todo lo que sea pertinente 6 y considera que, en este caso, las
razones de economía procesal señaladas no son una razón suficiente para inadmitir dichos
peritajes 7. Sin perjuicio de ello, se observa que si bien algunos aspectos de los objetos de
los peritajes propuestos por la Comisión podrían coincidir, cada uno tiene un enfoque
distinto.
11.
Por otro lado, en cuanto a los alegatos del Estado relativos a que los peritajes
mencionados no versan sobre los hechos del presente caso, el cual, según Guatemala, “no
se encuadra[ría] dentro de los elementos específicos de la violencia de género”, el
Presidente estima que no procede en esta etapa del proceso emitir un pronunciamiento
sobre la calificación jurídica de los hechos del caso, toda vez que corresponde a la Corte
evaluar dicha controversia en el eventual análisis de fondo, de ser el caso.
12.
Por las razones expuestas, el Presidente estima pertinente que la Corte reciba los
dictámenes de las peritas Paloma Soria Montañez y Christine Mary Chinkin.
4

Cfr. Caso Pedro Miguel Vera Vera y otros Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 23 de diciembre de 2010, considerando 9, y Caso Ruano Torres y
familiares Vs. El Salvador. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 11 de
marzo de 2015, considerando 6.
5
Cfr. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 27 de enero de 2012, considerando 9, y Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam.
Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de diciembre de 2014,
considerando 12.
6
Cfr. Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 8 de septiembre de 2010, considerando 26, y Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú.
Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de diciembre de 2014,
considerando 13.
7
Cfr. Caso Véliz Franco y otros Vs. Guatemala. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 10 de abril de 2013, considerando 25, y Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs.
Perú, supra, considerando 13.

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