4 Sentencia de reparaciones y costas de 27 de febrero de 2002), en su informe (supra Visto 7) el Estado se refirió al proyecto “Contribución al Ejercicio Pleno de los Derechos Humanos y el Fortalecimiento a la Democracia: Esclarecimiento de los casos de desapariciones forzadas en el período 1964-1982” (en adelante “proyecto de esclarecimiento”) y a “los esfuerzos” que el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas (“CIEDEF”) ha realizado a efectos de “[c]ontar con financiamiento para implementar [dicho proyecto] en el marco de la lucha contra la impunidad […]”. Asimismo, el Estado puntualizó los objetivos del proyecto de esclarecimiento y sus diversas etapas de ejecución, e indicó que la búsqueda del señor José Carlos Trujillo Oroza se encuentra en “la segunda fase”. Finalmente el Estado mencionó, inter alia, que con relación a “los restos encontrados en el Cementerio de la Cuchilla[,] en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”, el Instituto de Investigaciones Forenses (“IDIF”) “recepcionó el requerimiento fiscal donde se [le] solicitó la toma de muestras a familiares relacionados con el Proceso Judicial Penal, […] sin haber llegado a efectuar dicha investigación a la señora Gladys Oroza, ya que sólo se tomaron muestras a los señores: […] Pablo Solón Romero Oroza, hermano de José Carlos Trujillo Oroza”, por lo que se encuentra recabando mayor información sobre los resultados de dicha toma de muestra para estudios genéticos. 7. Que los representantes señalaron que “[n]o obstante que [el informe] del Estado está fechad[o] en mayo de 2009 y a la luz del minucioso detalle de acciones descritas en el proyecto [de esclarecimiento], el Estado boliviano no brinda información precisa sobre el resultado de las distintas gestiones que habría realizado en el año 2008, ni tampoco las correspondientes a la ejecución del presente año”. Sobre las medidas adoptadas para localizar los restos del señor José Carlos Trujillo Oroza, los representantes refirieron que “[e]l Estado inform[ó] que las mismas se en[cuentran] previstas para la gestión del año 2009, aunque omit[ió] mayores detalles al respecto considerando que ya se ha casi agotado [sic] la primera mitad del año”. Asimismo, los representantes alegaron que “[e]n distintas oportunidades [han indicado] que […] el Estado de Bolivia no [ha brindado] información acabada sobre las diligencias adoptadas, limitándose únicamente a informar en términos amplios sobre gestiones de carácter general realizadas ante autoridades estatales con el propósito de esclarecer los casos de desapariciones forzadas […], entre ellos el caso [del señor] José Carlos [Trujillo Oroza]”. Los representantes también señalaron que el 14 de enero de 2008 sostuvieron una reunión con la abogada a cargo de la causa interna, quien les indicó que “[e]xisten testimonios dentro de la causa penal que indican un lugar donde eventualmente podrían estar localizados los restos [del señor Trujillo Oroza, y que] no obstante este testimonio, aparentemente la Fiscalía a cargo de las investigaciones no los tuvo en cuenta dado que no se [ha] realizado la búsqueda en el lugar señalado”. 8. Que la Comisión Interamericana refirió que “[v]alora que el Estado boliviano hubiera diseñado un proyecto general a fin de dar respuesta a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las dictaduras militares en ese país. [Sin embargo,] el Estado nuevamente se abstiene de especificar los resultados de estas acciones generales frente a la obligación de localizar y devolver los restos de José Carlos Trujillo Oroza a sus familiares”. Asimismo, observó “[c]on preocupación que hayan transcurrido casi dos años desde que se recabaron unos restos humanos en el cementerio La Cuchilla que podrían estar relacionados con la investigación del caso, sin que hasta la fecha se cuente con el examen antropológico y genético correspondiente para determinar su identidad”.