Este caso se refiere a la desaparición forzada de 15 personas, siete de los cuales eran niños y niñas, todos integrantes de la comunidad campesina Santa Bárbara en Huancavelica. El 4 de julio de 1991, las víctimas fueron privadas de libertad por agentes estatales, en el marco de una operación militar, y permanecieron bajo custodia estatal mientras fueron trasladadas a una mina abandonada conocida con el nombre de “Misteriosa” o “Vallarón”. Alli fueron introducidas al interior del socavón y acribilladas con fusiles por los efectivos militares y casi de inmediato fueron inmolados sus cuerpos mediante la detonación de cargas de dinamita. Posteriormente, las autoridades y agentes estatales realizaron acciones con el propósito de eliminar las evidencias de lo sucedido, y borrar todos los rastros de los cuerpos para evitar su identificación o que su destino y paradero fuera establecido.

Por los hechos se interpusieron las denuncias penales correspondientes, sin embargo fueron alcanzado primero por la Ley de Amnistía N° 26,479, y luego permanecieron impunes.

La CorteIDH analizó los elementos del delito de desaparición forzada y sus consecuencias para las víctimas y familiares de este crimen. Además, analizó dimensiones de la obligación estatal de investigar la desaparición forzada, y la relación entre la falta de acceso a la justicia y la violación al derecho a la verdad.