todos los integrantes de la organización, rondines de seguridad por la Guardia Nacional en la oficina central de la organización, y la asignación de un contacto de emergencia. Asimismo, se solicitó el envío de un oficio por parte de SEGOB al Gobierno de Guerrero expresando preocupación sobre la situación de seguridad de integrantes de Tlachinollan”. En respuesta, las autoridades estatales expresaron su anuencia a cumplir con lo solicitado, pero hasta la fecha se desconocen de acciones para garantizar la protección de integrantes de Tlachinollan. Por su parte, las autoridades federales informaron que “únicamente podrían proporcionarse medidas de protección para integrantes de Tlachinollan que tienen la calidad de beneficiarios de las presentes medidas provisionales”. En ese sentido, los días 19 y 22 de febrero de 2021 se entregaron botones de pánico y teléfonos satelitales únicamente a las personas beneficiarias de las presentes medidas provisionales. Por último, afirmaron que “debido al involucramiento de miembros del crimen organizado en los incidentes de riesgo antes descritos y su conocida infiltración en las instituciones a cargo de la seguridad pública y administración de justicia, las beneficiarias y propuestas beneficiarias han preferido no interponer una denuncia formal en sede penal, lo que a su vez ha impedido exigir la investigación de los hechos a nivel interno”. 18. CEJIL y Tlachinollan señalaron que “los incidentes de riesgo contra integrantes de Tlachinollan coinciden temporalmente con ciertos avances en la investigación de los hechos del caso y un incremento del riesgo para la señora Fernández Ortega y su grupo familiar”. Así, hicieron notar que “los incidentes de riesgo en contra de integrantes de Tlachinollan se han exacerbado a partir de octubre de 2020, cuando fue celebrada la audiencia privada conjunta de supervisión de cumplimiento de las sentencias de los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú, en la que el Estado informó sobre la reciente presentación del pliego de consignación contra agentes del ministerio público que se rehusaron a recibir la denuncia de la señora Fernández en 2002”. Asimismo, coincide con algunos avances procesales en la investigación penal por la tortura sexual cometida contra la señora Fernández Ortega. 19. Finalmente, argumentaron que los hechos tienen, prima facie, una conexión fáctica con las medidas provisionales otorgadas en 2009 al compartir una fuente común del riesgo. Así, indicaron que (i) “los hechos referenciados denotan la existencia de un riesgo común para todas las personas propuestas como beneficiarias, en tanto sean integrantes de Tlachinollan y realicen actividades relacionadas con el seguimiento de la señora Fernández Ortega”; (ii) la vigilancia e intimidación se ha producido tanto respecto de personas beneficiarias como no beneficiarias, “cuyo rasgo en común es que dan seguimiento al caso de la señora Fernández”; (iii) “existe una considerable proximidad temporal entre el inicio del ciclo de amenazas e incidentes de riesgo contra integrantes de Tlachinollan y el incremento de riesgo para la señora Fernández Ortega y su núcleo familiar”; (iv) han transcurrido casi 12 años desde el otorgamiento de las presentes medidas provisionales a favor de integrantes de Tlachinollan a cargo del seguimiento del caso de la señora Fernández Ortega, y con el paso del tiempo algunas de las personas beneficiarias de las presentes medidas han salido de la organización y se han desvinculado totalmente del caso, mientras que quienes le dan seguimiento actualmente no cuentan con medidas de protección en su favor. En vista del alegado involucramiento de miembros del crimen organizado en los incidentes de riesgo antes descritos y la alegada infiltración en las instituciones a cargo de la seguridad pública y administración de justicia, solicitaron a la Corte “disponer la reserva de identidad de las personas propuestas como beneficiarias” y se “disponga la prohibición de compartir la información contenida en el presente escrito con autoridades del estado de Guerrero”. 20. El Estado indicó que había adoptado medidas frente a los nuevos hechos de riesgo, y solicitó que se denegara la ampliación de las medidas provisionales. Sobre el primer punto, señaló que se habían tomado medidas para instalar infraestructura en los domicilios de Vidulfo Rosales Sierra y Neil Arias Vitinio. En cuanto al señor Rosales, afirmó que se estará instalando “chapas de seguridad […] cámaras de seguridad; metros de concertina encima de muro y la malla; reflectores cercanos a las cámaras, y 10 metros cuadrados de protector de acero”. En el domicilio del señor Arias Vitinio, se están instalando “chapas de seguridad […] cámaras de seguridad; 35 metros de malla electrosoldada con concertina […]; portón a doble hoja con puerta peatonal con la misma malla, y reflectores cercanos a las cámaras”. Además, informó que solicitó 7