Los hechos del caso se relacionan con el asesinato del defensor ambientalista Carlos Escaleras Mejía -ocurrido el 10 de octubre de 1997 en la ciudad de Tegucigalpa- como consecuencia de su trabajo, así como la impunidad en la que quedó el mismo.

Las investigaciones judiciales abiertas como consecuencia del homicidio tuvieron falencias e irregularidades que fueron determinantes para la impunidad parcial en que quedaron los hechos.

En su Sentencia, la Corte IDH homologó un acuerdo de solución amistosa alcanzado por las partes, en las que el Estado reconoce su responsabilidad por lo ocurrido y asume el compromiso de repararlo.