19 ejecuciones extrajudiciales; más del 25% a desapariciones forzadas; y más del 20% incluyen denuncias de tortura”. En cuanto a los perpetradores, las denuncias atribuyeron casi 85% de los casos a los agentes del Estado, a grupos paramilitares aliados de éstos y a los escuadrones de la muerte. De igual forma, los efectivos de la Fuerza Armada fueron acusados en casi 60% de las denuncias; los miembros de los cuerpos de seguridad en aproximadamente el 25%; los miembros de las escoltas militares y de la defensa civil en aproximadamente el 20%; y los integrantes de los escuadrones de la muerte en más del 10% de los casos. Las denuncias registradas responsabilizaron aproximadamente en el 5% de los casos al FMLN. B. Período 1980-1983: “la institucionalización de la violencia” 48. La Comisión de la Verdad también relató la cronología de la violencia. El primer período desde 1980 a 1983, dentro del cual se enmarcan los hechos de este caso, se denominó como “la institucionalización de la violencia”, siendo “[l]a instauración de la violencia de manera sistemática, el terror y la desconfianza en la población civil […] los rasgos esenciales de este período. La desarticulación de cualquier movimiento opositor o disidente por medio de detenciones arbitrarias, asesinatos, desaparición selectiva e indiscriminada de dirigentes devinieron en práctica común”. Según la Comisión de la Verdad, durante este período se “registra[ron] el mayor número de muertes y violaciones de los derechos humanos”. 49. Al respecto, la Comisión de la Verdad observó que alrededor del 50% del total de las denuncias analizadas sucedieron durante los dos primeros años (1980 y 1981) y más del 20% ocurrieron en los siguientes dos años (1982 y 1983). Es decir, “en los primeros 4 años de la década se concentró más del 75% de los graves hechos de violencia denunciados ante la Comisión de la Verdad”. 50. Así, la Comisión de la Verdad recibió testimonios directos de numerosas ejecuciones masivas ocurridas en el transcurso de los años 1980, 1981 y 1982, en las cuales miembros de las Fuerzas Armadas, en el curso de operaciones contrainsurgentes, “ejecutaron a campesinos, hombres, mujeres y niños, que no habían opuesto ninguna resistencia, simplemente por considerarlos colaboradores de los guerrilleros”. La Comisión de la Verdad descartó “toda posibilidad de que se haya tratado de incidentes aislados o de exceso de los soldados o sus jefes inmediatos. […] Todo comprueba que estas muertes se inscriben dentro de un patrón de conducta, de una estrategia deliberada de eliminar o aterrorizar a la población campesina de las zonas de actividad de los guerrilleros, a fin de privar a éstos de esta fuente de abastecimientos y de información, así como de la posibilidad de ocultarse o disimularse entre ella”. Según la Comisión de la Verdad, es imposible sostener que este patrón de conducta sea atribuible sólo a los mandos locales, y que haya sido desconocido de los mandos superiores, pues las masacres de población campesina fueron denunciadas reiteradamente, sin que existan evidencias de que se haya hecho ningún esfuerzo por investigarlas. C. El patrón sistemático de desapariciones forzadas de niños y niñas durante el conflicto armado en El Salvador 51. El fenómeno de la desaparición forzada en el conflicto armado en El Salvador ha sido abordado por la Comisión de la Verdad para El Salvador auspiciada por las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos internacionales, autoridades y órganos del propio Estado y otras organizaciones. No obstante, ocurrió también un patrón más específico, reconocido por el Estado, relacionado con la desaparición forzada de niños y niñas (supra párr. 17), quienes eran sustraídos y retenidos ilegalmente por miembros de las