46 irreversible de su núcleo y vida familiares que se caracterizaban, entre otros, por valiosas relaciones fraternales; (c) estuvieron implicados en la búsqueda del paradero de las víctimas; (d) la incertidumbre que rodea el paradero de las víctimas obstaculiza la posibilidad de duelo, lo que contribuye a prolongar la afectación psicológica de los familiares ante la desaparición, y (e) la falta de investigación y de colaboración del Estado en la determinación del paradero de las víctimas y de los responsables de las desapariciones agravó las diferentes afectaciones que sufrían dichos familiares. Las circunstancias descritas han provocado una afectación que se prolonga en el tiempo y que aún hoy se mantiene por la incertidumbre sostenida sobre el paradero de Ana Julia Mejía Ramírez, Carmelina Mejía Ramírez, Julia Inés Contreras, Serapio Cristian Contreras y José Rubén Rivera Rivera. 122. En cuanto a los hermanos y hermanas que no habían nacido al momento de los hechos (supra párr. 120), de la prueba se ha logrado determinar que los mismos también sufrieron una violación a su integridad psíquica y moral. El hecho de vivir en un entorno que padece del sufrimiento y la incertidumbre por la falta de determinación del paradero de las víctimas desaparecidas, a pesar del desempeño sin sosiego de los padres, causó un perjuicio a la integridad psíquica y moral de los niños y niñas que nacieron y vivieron en semejante ámbito. 123. Por otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que la privación de la verdad acerca del paradero de una víctima de desaparición forzada acarrea una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos182. Además, la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de las víctimas o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido ha sido considerada, por este Tribunal, como una causa de acrecentamiento del sufrimiento de los familiares183. Las circunstancias de este caso demuestran que las tres familias afectadas por las desapariciones de uno o más de sus hijos e hijas ven su sufrimiento agravado por la privación de la verdad tanto respecto de lo sucedido como del paradero de las víctimas, y por la falta de colaboración de las autoridades estatales a fin de establecer dicha verdad lo que, por ende, agravó la violación al derecho a la integridad personal de los familiares. 124. Con base en toda las anteriores consideraciones y en vista del reconocimiento de responsabilidad estatal, el Tribunal concluye que el Estado violó el derecho a la integridad personal reconocido en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de María Maura Contreras (madre), Fermín Recinos (padre), Julia Gregoria Recinos Contreras (hermana), Marta Daisy Leiva (hermana), Nelson Contreras (hermano fallecido), Rubén de Jesús López Contreras (hermano), Sara Margarita López Contreras (hermana), Santos Antonio López Contreras (hermano); Arcadia Ramírez Portillo (madre), Avenicio Portillo (hermano), María Nely Portillo (hermana), Santos Verónica Portillo (hermana), Reina Dionila Portillo de Silva (tía); Margarita de Dolores Rivera de Rivera (madre); Agustín Antonio Rivera Gálvez (padre); Juan Carlos Rivera (hermano fallecido); Agustín Antonio Rivera (hermano); José Daniel Rivera Rivera (hermano); Miltón Rivera Rivera (hermano); Irma Cecilia Rivera Rivera (hermana), y Cándida Marisol Rivera Rivera (hermana). 182 Cfr. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 114; Caso Gelman, supra nota 16, párr. 133, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 97, párr. 240. 183 Cfr. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 114; Caso Gelman, supra nota 16, párr. 133, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 97, párr. 241.