45 de concesiones de telecomunicaciones, el cual se fundamenta en el reconocimiento de todas las labores e inversiones realizadas por el concesionario, bajo la confianza legítima de que su derecho va a prorrogarse o a extenderse, salvo que existan claras, graves y fundadas razones legales para terminar la relación jurídica”. Por lo anterior, manifestaron que “el Gobierno Venezolano no contaba ni cuenta con un poder discrecional o arbitrario para negar pura y simplemente la extensión o renovación del título de una estación de televisión abierta”. 124. Asimismo, los representantes argumentaron que “las concesiones regidas por [el] Decreto [No.1577] incluyen una cláusula que otorga a los concesionarios un derecho a la extensión de las concesiones por veinte años adicionales”. Además, argumentaron que “RCTV tenía, por lo menos, derecho a una extensión de 20 años a partir del 27 de mayo de 2007 […]. En efecto, el [g]obierno [v]enezolano tenía la obligación legal de extender o renovar esos títulos, según lo previsto en LOTEL y reglamentos aplicables, como lo hizo con tod[a]s las demás televisoras cuya concesión expiró ese mismo día (Venevisión y VTV)”. En este sentido, manifestaron que “no existe sanción alguna que se haya impuesto a RCTV por infracciones graves a la LOTEL, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión u otra ley aplicable”, por lo que no existiría “motivo legal alguno para desconocer el derecho de RCTV a la extensión de su concesión, bajo el régimen anterior o el vigente”. Por otra parte, los representantes arguyeron que “RCTV cumplió cabalmente con su obligación de solicitar la transformación de [los] títulos” de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 de la LOTEL, pero que “el Ministerio de Infraestructura incurrió en una mora de más de cuatro años y seis meses” al no finalizar con el proceso de transformación de los títulos. 125. Los representantes alegaron que la no renovación de la concesión constituían “actos arbitrarios del Estado tendientes deliberadamente, a la supresión de un medio de comunicación independiente, […] fundados en consideraciones políticas de castigo a la línea de difusión de información e ideas de RCTV”. En particular, argumentaron que “el tema de la concesión ha sido abordado por el Presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado Venezolano, y en algunos casos por quienes asumirían la decisión sobre la revocatoria de las concesiones a medios de comunicación privados, con una clara motivación política y con el no ocultado propósito de silenciar a los medios televisivos independientes que ofrezcan campo a quienes adversen, critiquen o se opongan legítimamente al Gobierno”. Agregaron que “[t]ampoco puede el Gobierno Venezolano invocar una supuesta necesidad del uso precisamente de las frecuencias asignadas a RCTV para pretender justificar la decisión de impedir que la emisora siguiera operando como estación de televisión abierta en VHF”. 126. Los representantes sostuvieron que “la no renovación de la concesión de RCTV y la toma arbitraria por el Estado de sus bienes destinados a la radiodifusión audiovisual deben ser vistas como un todo, es decir, como una unidad, que se concretó en el cierre de RCTV. La incautación judicial de los equipos de RCTV (estaciones de transmisión, antenas y repetidoras) y su asignación a CONATEL, unas 56 horas antes del anunciado cese de la concesión, confiere particular nitidez a la violación de la libertad de expresión […]. La inusualmente rápida e insólita intervención judicial de ‘oficio’ que colocó en manos del Ejecutivo Nacional los bienes que venían utilizando las víctimas para difundir ideas e informaciones, demuestra que ha existido al menos una estrategia concertada de los órganos del Estado Venezolano dirigida a privar a RCTV de la posibilidad de seguir siendo un medio al servicio de la libertad de expresión”. 127. El Estado indicó que el argumento según el cual “la decisión del Estado venezolano de no renovar la concesión de RCTV para operar como estación televisiva tenía por objeto silenciar dicho medio de comunicación por difundir opiniones críticas e informaciones contrarias al gobierno” sería desvirtuado “por cuanto a otras televisoras venezolanas tan críticas y golpistas al gobierno como RCTV le fueron renovadas sus concesiones como sucedió