Los hechos del caso se refieren al derecho a la propiedad ancestral de la Comunidad indígena Yakye Axa, así como a las graves condiciones de vida en las que se encontraban sus miembros quienes estaban asentados al borde de una carretera pública, en situación de pobreza extrema y sin acceso a servicios básicos mínimos como alimentación, vivienda, educación o salud, entre otros.

La Corte IDH reconoció el derecho a la propiedad indígena colectiva, desarrollando el significado especial que para los pueblos indígenas tiene su territorio ancestral como base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad y supervivencia económica; en razón de esa estrecha vinculación se encuentran protegidos por el artículo 21 de la Convención Americana. La Corte IDH también puso en evidencia la responsabilidad estatal por la falta de adopción de medidas para hacer frente a las condiciones de pobreza y falta de acceso a servicios básicos en las que se encontraba la Comunidad Yakye Axa, y particularmente los niños/as y adultos mayores.

La Corte IDH reconoció explícitamente que la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado y que, consecuentemente, aquellos que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas aún a falta de título legal e incluso cuando las tierras se encuentren en manos privadas.

Asimismo estableció que a efectos de garantizar los derechos de los pueblos indígenas los Estados deben interpretar y aplicar las normas atendiendo a las características propias que conforman su identidad cultural.