contra la libertad personal de Jeremías Osorio Rivera. Señalaron que, a solicitud de Porfirio
Osorio Rivera, el conocimiento del proceso fue derivado al Cuarto Juzgado Penal
Supraprovincial, el que instruyó la etapa de investigación y elevó el expediente a la Sala Penal
Nacional. Se indica que el 30 de octubre de 2007 la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional
presentó denuncia contra Juan Carlos Tello Delgado, solicitando 20 años de privación de
libertad y otras penas accesorias. Se aduce que el 29 de abril de 2008 la Sala Penal Nacional
emitió auto de enjuiciamiento, declarando haber mérito para pasar al imputado a juicio oral.
12. Los peticionarios afirmaron que el 17 de diciembre de 2008 la Sala Penal Nacional dictó
sentencia absolutoria, alegando duda razonable en cuanto a la responsabilidad de Juan Carlos
Tello Delgado en los hechos sindicados. Según lo alegado, la Sala Penal dio por probada la
desaparición de Jeremías Osorio Rivera, pero consideró que el acusado Juan Carlos Tello
Delgado lo había dejado en libertad, información que se sostenía con la papeleta
supuestamente suscrita por el agraviado titulada “constancia de libertad”. Los peticionarios
mencionaron que un examen grafotécnico realizado por la Dirección de Criminalística de la
Policía Nacional a comienzos de 1991 habría indicado que la huella digital presente en dicha
papeleta no correspondería a la de Jeremías Osorio Rivera. Agregaron que el contexto en el
que se dio su detención evidenciaría que su eventual firma en la papeleta sería producto de
coacción por parte de los integrantes de la patrulla del Ejército, sin que ello hubiese sido
valorado por la Sala Penal Nacional.
13. Los peticionarios manifestaron que el 18 de diciembre de 2008 presentaron, en calidad de
parte civil en el proceso, un recurso de nulidad contra la sentencia absolutoria dictada por la
Sala Penal Nacional. Indicaron que el 23 de febrero de 2009 el recurso fue admitido y elevado
a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con la información presentada,
hasta mayo de 2010 dicha instancia no había designado fecha para la vista de la causa.
14. Los peticionarios arguyeron que pese a la reapertura de investigaciones en el fuero
ordinario en septiembre de 2004, el Poder Judicial peruano no ha adoptado todas las medidas
necesarias para establecer la verdad en torno a la presunta desaparición forzada de Jeremías
Osorio Rivera y sancionar a los responsables. Destacaron que la promulgación de las Leyes de
Amnistía 26479 y 26492 favorecieron una situación de impunidad, por cuanto su vigencia
impidió la apertura de investigaciones y enjuiciamiento de presuntos militares involucrados en
los hechos.
15. Por último, los peticionarios refirieron y adjuntaron un documento firmado por una
funcionaria de la Defensoría del Pueblo el 13 de septiembre de 2006, en la cual certifica que el
señor Jeremías Osorio Rivera se encuentra en situación de ausencia por desaparición forzada
desde que fue visto por la última vez en la provincia de Cajatambo, departamento de Lima, el
30 de abril de 19912.
B.

Posición del Estado

16. Afirmó que la petición no satisface el requisito previsto en el artículo 46.1.b) de la
Convención Americana, toda vez que fue presentada a la CIDH en plazo superior a los seis
meses de la notificación del auto de sobreseimiento definitivo dictado el 7 de febrero de 1996
por el Consejo Supremo de Justicia Militar. Según el Estado, dicho auto fue notificado al señor
Porfirio Osorio Rivera el 25 de septiembre de 1996. El Estado efectuó una narración similar a la
de los peticionarios respecto de las actuaciones del Ministerio Público y Poder Judicial en torno
a la denuncia presentada el 14 de junio de 2004 por el señor Porfirio Osorio Rivera ante la
Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación
de Fosas Clandestinas.
17. Señaló que la sentencia absolutoria dictada el 17 de diciembre de 2008 por la Sala Penal
Nacional motivó la presentación de recurso de nulidad, el cual fue elevado a conocimiento de la
Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. Indicó que el 31 de diciembre
2 Comunicación de los peticionarios recibida el 9 de marzo de 2010, anexos, documento titulado “Constancia de Ausencia por
Desaparición Forzada”, emitido el 13 de septiembre de 2006 por la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima, número de
Registro 0193.

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