Los hechos del caso se refieren a la detención ilegal -por miembros de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE)- y desaparición de Norberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, bajo la sospecha de haber participado en actos de terrorismo, sin mediar orden judicial alguna, ni haber sido encontrados en flagrante delito.

Mientras las víctimas se encontraban detenidas, se produjo un motín en el penal “El Frontón” el que fue declarado como "zona militar restringida", impidiéndose por esa vía el ingreso de autoridades civiles y judiciales. Durante el operativo para recuperar el control del penal, las fuerzas de seguridad demolieron el Pabellón Azul provocando lesiones y muertes entre los detenidos. Durand y Ugarte no figuraron en la lista de sobrevivientes ni sus cadáveres fueron identificados.

En relación a la violación a la integridad personal, la Corte IDH estableció que no es posible inferir la práctica de torturas o trato cruel, inhumano o degradante del hecho de la desproporción de fuerzas para debelar el motín, ya que tales conceptos poseen contenido jurídico propio y no se deducen en forma necesaria y automática de la privación arbitraria de la vida, aún en circunstancias como las del caso.